Uno de los muchos compromisos que adquirió el ahora presidente Enrique Bolaños, cuando andaba en su campaña electoral, fue el de hacer un gobierno incluyente y participativo. Y luego de tomar posesión de su cargo, el presidente Bolaños incluyó en su equipo de Gobierno a algunos ministros y otros funcionarios que no son miembros del PLC, partido al cual Bolaños pertenece, y por lo cual el ex presidente Arnoldo Alemán y algunos dirigentes de ese partido lo han acusado indirectamente de ser “ingrato y “traidor”.
Sin embargo, el presidente Bolaños ha ignorado las críticas de Alemán, y más bien, al instalar el martes de esta semana la primera sesión del tercer período del Consejo de Planificación Económica Social (Conpes) —que es un organismo del Estado y del Gobierno creado en la Constitución Política de la República— incluyó a numerosas personalidades representativas del más amplio espectro de la sociedad civil.
El Conpes es un organismo de asesoría y apoyo al Poder Ejecutivo, que fue establecido en las reformas constitucionales de 1995 con base en el criterio de que las grandes decisiones de política económica y social no deben ser tomadas de manera inconsulta por la cúpula del gobierno, sino que se debe consultar a la sociedad civil, en su sentido más amplio, y hacerla participar en su discusión y elaboración.
Sin embargo, la disposición constitucional de 1995 no fue implementada por el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, ni por el del Dr. Arnoldo Alemán, sino hasta el año 2000, cuando los organismos financieros internacionales prácticamente lo obligaron a integrar el Conpes según su facultad constitucional. Durante el Gobierno anterior, y a petición de los mismos organismos financieros internacionales, se elaboró la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza, como una de las condiciones a cumplir para poder avanzar en el proceso de condonación de la deuda externa.
El Conpes está organizado en cuatro comisiones: a) Comisión Nacional de la Producción, b) Comisión Económica y Social, c) Comisión de Gobernabilidad y Justicia, y d) Comisión de Asuntos Laborales. Su responsabilidad es elaborar propuestas concretas en cada uno de esos campos, que las tome en cuenta y aplique el gobierno para que el país avance en la solución de sus grandes problemas.
Sin dudas que es necesario que haya organizaciones como el Conpes para promover la participación de la sociedad civil en la elaboración y ejecución de las políticas de Gobierno, pero también hay que tener en cuenta que ellas pueden generar expectativas que muchas veces están más allá de lo real y posible. Como su nombre lo indica, el Conpes es un instrumento de planificación, y en décadas anteriores eso se llevó en muchos países del mundo a extremos ridículos, hasta el punto de creer que la planificación centralizada de la economía podía sustituir la libre iniciativa de los individuos. El fracaso fue rotundo, y los países que se fascinaron con la idea de la planificación central, sucumbieron estrepitosamente, y todavía ahora no han logrado recuperar el tiempo, los recursos y las oportunidades perdidas.
Los años han pasado y las cosas han cambiado. Ya casi nadie habla de planificación centralizada, pero sigue habiendo una especie de ilusión que lleva a algunos a creer que los problemas económicos y sociales pueden ser resueltos a través de una buena planificación. Y por supuesto que no hay nada malo en planificar las políticas y las actividades del gobierno y de la economía, siempre y cuando no se pretenda sustituir la iniciativa individual. Como dijo el célebre economista Frederick Hayek: “La planificación y la libre competencia solamente pueden combinarse si se planifica en pro de la competencia y no en contra de ella. La planificación que nosotros criticamos es únicamente la que se hace contra la competencia”.
El Conpes podría cumplir a cabalidad con su responsabilidad de ayudarle al país y al presidente Bolaños, si lograra no sólo incorporar a la gestión gubernamental los intereses y las iniciativas de la sociedad civil, sino también identificar y neutralizar a las instituciones, leyes y regulaciones que impiden que los ciudadanos puedan producir riqueza, porque son ellos y no el Estado los únicos que pueden crearla.
