- Asesinatos de senadora y líder
deportivo reviven narcoescándalo en Colombia - Aspirantes al Congreso anunciaron que cancelaban su presencia en plazas públicas
AFP
BOGOTA.- El dirigente deportivo César Villegas, principal accionista del club independiente Santa Fe, de la primera división del fútbol colombiano, fue asesinado la noche del lunes por dos pistoleros motorizados que lo interceptaron a la salida de su oficina del norte de Bogotá, informaron las autoridades, quienes dijeron no tener hasta el momento pista de los atacantes.
El dirigente deportivo, que recibió unos diez impactos de bala, alcanzó a ser llevado con vida a una clínica del norte de la ciudad, donde minutos más tarde falleció debido a la gravedad de sus heridas, agregó la fuente.
Villegas, de 48 años e hijo de un sargento retirado del Ejército colombiano que combatió en la guerra de Corea, fue gerente financiero de la campaña proselitista de Samper en 1990, cuando el entonces candidato perdió las elecciones primarias del Partido Liberal.
También fue director de la Aeronáutica Civil colombiana, y a mediados de la década del noventa fue condenado a tres años de cárcel bajo cargos de enriquecimiento con dinero del cartel de Cali, en el marco del proceso 8,000, aunque la justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.
A pesar de estar encausado, Villegas siguió participando en actividades políticas, respaldando económicamente al independiente Santa Fe e interviniendo en las reuniones de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor, Liga Profesional).
INVESTIGAN VÍNCULOS CON EL NARCO
Las autoridades colombianas investigan si los asesinatos de la senadora Martha Catalina Daniels y el dirigente deportivo Villegas son un rezago del narcoescándalo que salpicó al ex mandatario Ernesto Samper (1994-98).
Ocurridos en un lapso de dos días, los crímenes de Daniels y Villegas conmocionaron a la población que se alista para las elecciones legislativas del próximo domingo y las presidenciales del 26 de mayo, así como al mundo deportivo colombiano, especialmente al del fútbol, acusado en otras ocasiones de haber tenido nexos con la mafia de la cocaína.
Una fuente de la Fiscalía señaló que ese organismo investiga si hay relación entre los dos hechos, teniendo en cuenta que la legisladora y el dirigente deportivo fueron salpicados por el narcoescándalo que involucró a Samper, acusado en 1994 de haber recibido fondos del cocainero cartel de Cali para financiar la campaña electoral que lo llevó al poder.
“Estamos evaluando varias hipótesis, entre ellas si los ataques contra Daniels y Villegas estuvieron relacionados con el proceso 8,000 (como se conoce en Colombia a la causa judicial abierta contra el ex Presidente y sus aliados)”, dijo a la AFP un funcionario de un organismo investigador que prefirió el anonimato.
Previamente, el Fiscal General, Luis Camilo Osorio, señaló que su oficina está recabando pruebas para esclarecer los asesinatos de la senadora y del dirigente deportivo, los dos muy cercanos al ex presidente liberal.
NO HAY ACTIVIDADES PÚBLICAS
A causa de la violencia, una gran mayoría de candidatos a la elección legislativa colombiana ha preferido no desplazarse para hacer sus campañas políticas, e inclusive algunos han recurrido a videos para poder hacer llegar su mensaje a los votantes.
En plena campaña electoral para las elecciones legislativas del próximo domingo, en las que se renovará totalmente el bicameral Congreso colombiano, se rompieron los diálogos de paz entre el gobierno y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El 23 de febrero, tres días después de ese rompimiento, la candidata presidencial Ingrid Betancourt fue secuestrada por la agrupación insurgente, y uno de sus jefes, Fabián Ramírez, señaló que esta dirigente junto a otros cinco congresistas que están en su poder servirán para presionar al gobierno a que firme una ley de canje que permita la liberación de rebeldes en prisión.
Ramírez dio un año al gobierno para firmar la referida ley.
A raíz de ese pronunciamiento, el gobierno colombiano pidió a los candidatos al Congreso extremar las precauciones, evitar zonas de violencia y limitar las apariciones públicas.
Acatando esa solicitud, la gran mayoría de aspirantes al Congreso anunciaron que cancelaban su presencia en plaza pública, y algunos señalaron que realizarían sus campañas a través de videos.
