Néstor Avendaño
Pronto se iniciará la ronda de negociación sobre la fijación de los nuevos salarios mínimos nacionales entre los representantes del gobierno, los empresarios y los trabajadores, para un mercado laboral que cuenta con un nivel de empleo formal, o sea el que cotiza a la seguridad social, igual a 17% de la población económicamente activa y a 22% de la población empleada plenamente, una tasa de desempleo que se aproxima al 25% de 1.9 millones de personas económicamente activas, y donde aproximadamente el 50% de la población tiene un ingreso diario per cápita de un dólar o menos.
La canasta de 53 bienes y servicios de consumo básico que sirve de referencia para el cálculo del salario mínimo tiene una cobertura sólo para la ciudad de Managua. Se supone que las cantidades de sus productos, de origen nacional, son mínimas y suficientes para satisfacer las necesidades de una familia de seis miembros, pero es necesario aclarar que es una canasta de consumo básico para una economía de guerra debido a que se estableció en una comisión coordinada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con la participación de la Secretaría de Planificación y Presupuesto, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Comercio Interior en septiembre de 1988.
La Ley No. 129 del Salario Mínimo establece “fijar el salario mínimo en base a un porcentaje del valor de la canasta básica de 53 productos que satisfagan las necesidades mínimas de subsistencia de una familia promedio” o reajustarlo “cuando se modifique el tipo de cambio de la moneda o se alteren las condiciones económicas sociales vigentes en el momento en que se fijó”, pero el volumen de consumo contemplado en dicha canasta deja mucho que desear por su incompatibilidad con la dignidad humana.
Por ejemplo, el consumo diario para 6 personas incluye, entre otros alimentos, 11 onzas de arroz, 11 onzas de frijol, 14 onzas de azúcar, 7 onzas de carne, 1/10 de litro de aceite comestible, 0.7 litros de leche líquida, 3 onzas de pinolillo y 3.5 tortillas.
Entre los productos de higiene personal, 1 persona consume mensualmente 1 jabón de lavar, _ jabón de baño y _ rollo de papel higiénico. Entre los servicios públicos, la familia de 6 miembros consume mensualmente 100 KW de energía eléctrica, 5,292 metros cúbicos de agua y 180 pasajes de transporte en bus urbano. Y entre el vestuario, anualmente los 6 miembros de la familia adquieren 8 prendas de vestir y 6 pares de zapatos.
Urge, por lo tanto, la normalización del volumen de los bienes de consumo básico para la población, lo cual es una tarea más importante que fijar un salario mínimo en función de una canasta de productos que no dignifica al trabajador nicaragüense. Y creo que es más apremiante determinar el volumen de alimentos dentro de esta canasta, con el fin de que la política salarial contribuya efectivamente, desde el lado de la demanda, a la concreción de la política nacional de seguridad alimentaria.
Conducir una negociación del salario mínimo sectorial sobre el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido desde marzo del 2001, fecha en que se realizó el último ajuste de dicho salario, no tendría una sólida lógica económica, aún más si se basa sobre un porcentaje de una canasta de consumo básico para tiempos de guerra. Cualquier pérdida en el poder de compra de los trabajadores o en el nivel de rentabilidad de las empresas nunca se recupera. Lo perdido, perdido está. Aunque la forma del ajuste del salario mínimo es explícita legalmente, sería más lógico contener el deterioro del salario mínimo tomando en cuenta un ajuste levemente inferior a la inflación prevista para el año en curso, la cual es proyectada por las autoridades gubernamentales en el nivel de 8%.
Teóricamente, el salario real, o el poder adquisitivo del salario nominal, aumenta acorde con el incremento de la productividad del trabajo. Pero en Nicaragua, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, Ministerio del Trabajo e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, durante el período 1991-2001, mientras el poder adquisitivo del salario medio nacional aumentaba a una tasa promedio anual de 12.6%, la productividad del trabajo caía 0.8% promedio anual.
El valor de la producción de un país depende de los recursos que utiliza y de la eficiencia de dichos recursos. En ese mismo período, la producción de Nicaragua ha crecido 5.4% promedio anual sobre la base del recurso humano, pero la eficiencia del empleo depende a su vez del nivel de inversión per cápita de las empresas.
Las empresas no hacen inversiones en tecnología que ayuden a mejorar la productividad del empleo debido a la alta carga tributaria, las elevadas tasas de interés, los altos costos de los servicios públicos y, además, por los problemas de gobernabilidad que se han observado en el país. Por otro lado, la administración pública carece de una política tecnológica y, por lo tanto, restringe el papel facilitador del Estado en la economía, en este aspecto tan importante como es el crecimiento económico sostenible del país.
Es evidente que la productividad cae y se pierde por la poca dinámica de la inversión privada y por la ausencia de una política tecnológica del gobierno. En nuestro país, tenemos, pues, menos productividad, empresas menos competitivas y una inversión privada baja, que apenas representó el 15% del PIB Real en 2001, del cual la cuarta parte correspondió a la inversión extranjera directa.
Esta es parte de nuestra realidad frente a la exploración que próximamente se iniciará en la búsqueda de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. La economía nicaragüense ha estado perdiendo el tren de los avances tecnológicos que hacen posible la competitividad de las empresas. Es por eso que el Estado debe tomar muy en serio su obligación irrenunciable de la transferencia de tecnología.
Así, en este momento de la negociación sobre los salarios mínimos, es justo proponer el desarrollo de instituciones que son distintas del mercado, las que defienden la competencia y al consumidor, las que regulan las tarifas de los servicios públicos, las que promueven un servicio civil estable y eficiente, las que formen buenos funcionarios públicos de carrera, las que garantizan la estabilidad del tipo de cambio y de los precios al consumidor, y las que fortalezcan al Poder Judicial en su conjunto. En suma, el papel del Estado debe ser activo para crear opciones.
El autor es economista.
