- Emilia Torres, Presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de la AN, dice que fue “un abuso contra una población indefensa”
- Abogado de las víctimas del desalojo pide investigar a todos los involucrados en el caso
Noelia Sánchez RicarteCORRESPONSAL/RIVAS
La presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Emilia Torres, diputada sandinista, estuvo en la comunidad de Mérida, Altagracia, en la Isla de Ometepe, para conocer in situ la situación de los pobladores de esa zona, que quedaron a la deriva tras el desalojo que se produjo el pasado 23 de febrero.
Las trece familias de la comunidad de Mérida fueron desalojados luego que la Policía cumplió un mandato judicial. En el violento desalojo cuatro lugareños fueron heridos de bala por supuestos disparos de la Policía, mientras siete agentes del orden resultaron golpeados.
La acción de la Policía, la sentencia dictada por la juez Gloria María Aráuz para este desalojo, e incluso el reclamo que el señor Frank Mena hace de las tierras (ubicadas supuestamente donde habitaba esta gente), son considerados como injustas por los pobladores.
El violento hecho trascendió la comunidad rivense, pues mucha gente se ha volcado en apoyo de los pobladores que ahora se encuentran en la calle. Entre los que ayudan y protegen a las víctimas del desalojo se encuentran el alcalde de Cárdenas, ingeniero Luis Argueta, el empresario isleño Milton Arcia, quien llegó la semana pasada a poner a la disposición de la comunidad a un grupo de abogados, y los isleños.
La presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional dijo que “nuestro trabajo es responsabilizarnos por trabajar con la comisión de vecinos, hasta que aquí se haya resuelto el problema, hasta que tengan la seguridad jurídica de que nunca más pretensiones de ningún capitalista, de un terrateniente, los van a volver a desalojar de la tierra en que habitan”.
Torres destacó que el problema de Mérida fue planteado en la Asamblea Nacional y “los diputados de las otras bancadas se dispusieron a acompañarnos en este esfuerzo por buscar alguna solución, que sabemos que no va a resolver lo que ustedes ya perdieron: las condiciones de vida que les costó crear durante tantos años, pero al menos intentemos que se haga justicia para ustedes”.
Emilia Torres indicó que fue “un abuso contra una población indefensa” (lo ocurrido en Mérida).
Además de ella, los diputados departamentales de Rivas, Henry Urcuyo y Gerardo Miranda, del Partido Liberal y del Frente Sandinista, respectivamente, llegaron hasta el lugar también para apoyar a los pobladores.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
El abogado defensor de las familias desalojadas, licenciado Humberto Corea Rosales, manifestó que la actitud asumida por la Policía fue “brutal”, indicando que “aparte que fue un día sábado (parte del desalojo), el día viernes (en que se inició) se extralimitó hasta las siete y media de la noche, y eso es prohibido de conformidad con la ley”.
El abogado Corea entregó a la presidenta de la Comisión de la Asamblea Nacional, “la circular de la Corte Suprema de Justicia, reafirmando que el artículo dos de la Ley Agraria de 1917 está vigente, la ordenanza donde el alcalde de la administración anterior declaraba lo que es la comarca de Mérida y El Perú, como zonas protegidas” y que en consecuencia, pertenecen al Estado de Nicaragua.
