- Por resolución en la que encuentra responsabilidades administrativas por la presunta violación a la Ley de Contrataciones
Nidia Ruiz yJorge Loá[email protected]
La ministra de la Familia, Natalia Barillas, comunicó al presidente Enrique Bolaños que se amparará ante la Corte Suprema de Justicia contra una resolución de la Contraloría que la encontró con responsabilidades administrativas, por lo cual el mandatario no aplicará la sanción correspondiente, según confirmó el vocero de la presidencia, Alejandro Fiallos.
“En el caso de Natalia Barillas ella dijo que sí se va a amparar. No sé si ya lo hizo, pero sí me dijo y le informó al presidente que se va a amparar”, dijo Fiallos.
Ésta sería la primera funcionaria del gobierno de Bolaños que se ampararía contra una resolución del ente fiscalizador, una práctica común entre los funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán, calificado como el más corrupto de los últimos tiempos.
La Contraloría encontró que la actual titular de la Familia, junto a otros funcionarios de ese Ministerio, durante la administración del ex titu-lar Max Padilla violaron la Ley de Contrataciones del Estado, así como normas y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría, durante el año 2000, al adquirir bienes y servicios sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley.
“La Ministra le presentó un informe al señor Presidente de la situación. A simple vista se ve que hay cosas que no están claras, le dijeron al Presidente que se van a amparar porque no están de acuerdo con esa resolución de la Contraloría y tienen derecho a ampararse”, agregó Fiallos.
INCUMPLIMIENTO DE LEY DE CONTRATACIONES
El informe de auditoría de la Contraloría sobre el cual se basó la resolución de los contralores colegiados dice que en ese Ministerio no se cumplió con el artículo ocho de la Ley de Contrataciones, de mandar a publicar en los medios de comunicación los bienes, obras y servicios que requerían para el año 2000.
También señala que adquisiciones de bienes que debían ser a través de licitaciones públicas, se hacían a través de licitaciones restringidas, por cotización, como el caso de la adquisición de 41 mil 360 pañuelos del Programa de Atención Integral a la Niñez (Painin).
Agrega el mencionado informe de auditoría que las personas a las que le hacían las compras no estaban en el Registro de Proveedores Centralizados que maneja la Dirección de Contrataciones del Estado.
