- Hacerse de la “vista gorda” con los que entregan voluntariamente sus armas
- Discrecionalidad policial con delincuentes “arrepentidos”
Xiomara Chamorro [email protected]
El viceministro de Gobernación, Alfonso Sandino, admitió ayer que las autoridades del país están otorgando amnistías de hecho a los remanentes del Frente Unido Andrés Castro (FUAC), que voluntariamente deciden desmovilizarse y entregar sus armas.
El hecho ha escandalizado al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, diputado Orlando Tardencilla, quien anunció que hoy formalizará la invitación a autoridades de Gobernación y de la Policía Nacional para que den explicaciones sobre el tema.
PACIFICACIÓN A COSTA DE LAS VÍCTIMAS
Sandino explicó que desde 1990 los procesos de desarme se vienen produciendo “de facto”, sin más acuerdo que la “magnanimidad del Estado y la voluntad de reconciliación del pueblo nicaragüense”.
No obstante, Tardencilla objetó estas declaraciones y recordó que las desmovilizaciones estuvieron respaldadas por decretos de amnistía.
“Lo que sucede es que no quieren asumir el costo político de pedir una amnistía a la Asamblea Nacional”, dijo Tardencilla.
FUERA DE LA LEY
Sandino reconoce que las disposiciones aplicadas discrecionalmente por las autoridades policiales con los delincuentes que se desalzan no están contenidas en ninguna disposición legal, por lo que considera urgente modernizar la legislación al respecto.
“Efectivamente, en los manuales normales de derecho o procedimiento penal no aparece definido el tratamiento a grupos irregulares armados”, dice Sandino.
Actualmente en la Asamblea Nacional está listo un proyecto de Ley de Indultos, pero no hay nada discutido respecto a la regulación legal de las amnistías.
“Desde 1990 en las diversas etapas que han tomado el desarme y la desmovilización, se han venido observando procedimientos o protocolos más bien basados en la costumbre, un derecho consuetudinario realmente inédito para este tipo de situación, y lo que ha habido es un acuerdo tácito de amnistía de facto”, explica Sandino.
Según el viceministro de Gobernación, esta disposición es solamente “para los que no han cometido delitos”.
Consultado si las autoridades no presumen culpabilidad desde el momento en que una persona entrega un arma que porta ilegalmente y que proviene de un grupo armado que ha estado delinquiendo, Sandino dijo: “Yo sostengo que lo que se persigue en este caso, como fin último, es primero reducir las armas en manos de civiles, y segundo profundizar y afianzar el proceso de pacificación”.
Sandino también reconoció que el Gabinete de Gobernabilidad no ha discutido este tema, y que no existe un criterio definido para darle contenido justo, integralmente, a un proceso de paz necesario para las poblaciones víctimas de las atrocidades de estos grupos delincuenciales.
