Ninguna persona que conozca la historia de los movimientos armados comunistas en cualquier parte del mundo podría mostrarse sorprendida de lo que está ocurriendo actualmente en Colombia. En ese país suramericano, las fuerzas armadas de la nación están enfrentadas en una guerra abierta contra las narcoguerrillas comunistas lideradas por las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Lamentablemente, era inevitable que se llegara a ese estado de cosas. El miércoles 20 de febrero, después de que las FARC secuestraran a Jorge Eduardo Gechen, presidente de la Comisión de Paz del Senado, el presidente Andrés Pastrana decidió, finalmente, dar por finalizado el proceso de paz que iniciara hace tres años con las FARC. Quienes pusieron sus esperanzas en ese proceso tenían la vana ilusión de persuadir a los narcoguerrilleros a que se incorporaran al proceso democrático y a que renunciaran al verdadero y único objetivo que siempre han tenido, y que no es otro que el de alcanzar el poder político total por la fuerza de las armas.
Si de algo puede acusársele a Pastrana en su prolongada búsqueda de una paz negociada, es de haber pecado por exceso y no por omisión. No hubo durante todo ese período un solo recurso que el presidente colombiano no explorara para ponerle fin al conflicto armado. En un gesto inaudito llegó incluso a concederle a las narcoguerrillas el control de un territorio del tamaño de Suiza. Mientras tanto, las FARC no cesaron de secuestrar, extorsionar, asesinar y aterrorizar a los colombianos. Su estrategia era clara: presionar militarmente para forzar el diálogo, y una vez iniciado éste, seguir presionando militarmente y dialogando para desgastar y desmoralizar al enemigo hasta convencerlo de la inutilidad de seguir resistiendo y alzarse ellos con la victoria. Cuando las cosas son así y no existe una voluntad real de llegar a un arreglo, sólo caben dos posibilidades: rendirse o pelear.
Y es evidente que el gobierno y la sociedad colombiana han decidido pelear para preservar su democracia, porque, después de todo, Colombia es una democracia representativa, y lo que la narcoguerrilla desea, precisamente, es terminar con ese sistema de gobierno para imponer una dictadura comunista. Mal harían los colombianos en no pelear. Pero la realidad es que la victoria no se obtendrá fácilmente y sin pagar costos altísimos en vidas y en bienes.
Las FARC —que están catalogadas como una organización terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos— no son una agrupación armada cualquiera. Los ingresos que obtienen del narcotráfico y de otras actividades delictivas les permiten tener a su disposición la exorbitante suma de tres mil millones de dólares para la compra de armas. Y a través de sus muchos años de existencia han demostrado no tener reparos de ninguna clase cuando de buscar la victoria se trata. Tan pronto concluyó el proceso de paz, las FARC aceleraron su ofensiva devastadora contra la infraestructura del país, destruyendo puentes y torres de energía y dejando incomunicados y sin luz, teléfonos, y agua, a muchos municipios. Es obvio que la táctica de la guerrilla en este momento está orientada a poner a la población en contra del gobierno. Está por verse si lo logrará.
La comunidad internacional no debe dejar sola a Colombia en estos momentos en los que lucha por su sobrevivencia democrática. Estados Unidos que hasta el momento tiene una política de apoyar al gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico pero no contra la guerrilla —como si fuera posible establecer tal división—, está reconsiderando esa política muy seriamente. Y aunque no es necesario que envíe soldados a participar directamente en el conflicto, bien haría en suministrarle apoyo técnico, logístico y de inteligencia al Ejército colombiano para que pueda ser efectivo en su lucha contra la narcoguerrilla. Después de que el presidente Pastrana diera por terminadas las negociaciones con las FARC, la Unión Europea, las Naciones Unidas, y el Grupo de Río, emitieron contundentes comunicados de apoyo a Pastrana. Ojalá que esos comunicados no se queden a nivel de simples palabras, y que se traduzcan en un apoyo concreto para que la democracia en Colombia salga airosa sobre el terror y la barbarie.
