- Mientras jefe de Asuntos Internos de la Policía indaga los hechos ocurridos en Ometepe
Mario Sánchez y Ary Neil [email protected]
La juez de Distrito Civil de Rivas, Gloria María Aráuz, compareció ayer ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aráuz se reunió por más de tres horas con la presidenta de la comisión, magistrada Yadira Centeno Gómez, y la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, quien atiende el departamento de Rivas.
Aunque se desconocen los resultados de la reunión, se sabe que Aráuz fue citada ante la Comisión Disciplinaria para que explicara supuestas irregularidades que se dieron durante el juicio que terminó adjudicando la propiedad a Frank Mena Marenco.
El litigio de propiedad fue lo que provocó el violento desalojo del pasado fin de semana en la comunidad de Mérida. Según una fuente de la CSJ, la Juez Único de Altagracia, ejecutora del desalojo, Hazel Auxiliadora Sandino, también será citada a comparecer ante la comisión de la Corte Suprema para que aclare por qué se dieron los sucesos violentos.
La fuente de la Corte Suprema indicó que la Comisión Disciplinaria deberá dar un dictamen sobre lo que determinen en torno a las entrevistas a ambas funcionarias judiciales.
INVESTIGADORES EN RIVAS
El comisionado mayor Juan Báez Galeano, jefe de Asuntos Internos, y un equipo de agentes de apoyo, llegaron ayer a Rivas para investigar el violento desalojo protagonizado por la Policía de Rivas contra familias de la comunidad de Mérida, isla de Ometepe.
El subcomisionado Fidel Domínguez, jefe de Investigaciones de la Policía de Rivas, y la capitana Maribel Ruiz, jefa de la Policía de Ometepe, podrían enfrentar acusaciones criminales en los tribunales de Rivas, si la Comisión Investigadora que dirige Báez Galeano comprueba que estos oficiales y los agentes que los acompañaban incurrieron en delitos criminales durante el desalojo.
Domínguez y Ruiz fueron separados de sus cargos “hasta que su situación se dilucide y se tome una medida definitiva”, dice el ordeno 010-2001 del Director General de la Policía, primer comisionado Edwin Cordero Ardila.
Ambos oficiales dirigieron el cruento desalojo contra unas 13 familias de Mérida, Ometepe, destruyéndoles sus casas y causando varios heridos de bala. Los jefes policiales investigados alegan que ellos actuaron en cumplimiento de su deber, y porque fueron agredidos por los afectados, que contaban con el apoyo de algunos pobladores.
Los jefes policiales y unos 30 agentes, habían llegado a dar protección a la juez Hazel Auxiliadora Sandino, para que ejecutara el desalojo ordenado por la judicial Gloria María Aráuz, del Juzgado de Distrito para lo Civil de Rivas.
La Comisión Investigadora fue formada por el comisionado general Cristhian Munguía Álvarez, Inspector General de la Policía, instancia de la que depende la Dirección de Asuntos Internos.
