En una acción inusual —criticada por unos y aplaudida por otros— el presidente Enrique Bolaños compareció el 31 de enero recién pasado ante el Plenario de la Asamblea Nacional, para presentar el primer paquete de iniciativas de ley de su administración. Entre ellas hay dos que tienen que ver directamente con el combate a la corrupción: la Ley de Probidad, y la Ley de Reforma y Adición al Código Penal, en la que se incluyen delitos no tipificados actualmente, como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el fraude, el encubrimiento, y el soborno transnacional. Dicha iniciativa de ley incluye también reformas a las figuras de malversación de caudales públicos, cohecho del funcionario y del particular, determinación de los sujetos de responsabilidad, peculado, y apropiación privada de bienes del Estado.
En aquella oportunidad, el presidente Bolaños dijo estar consciente de que se encuentra pendiente de aprobación un nuevo Código Penal, pero que aún así pedía a la Asamblea Nacional aprobar esas leyes dándoles trámite de urgencia, considerando que “estas dos iniciativas fortalecerán, indudablemente, la lucha contra la corrupción”. Mientras Bolaños hablaba en la Asamblea, el ex presidente Arnoldo Alemán escuchaba con el ceño fruncido. Poco después de concluido el inusual acto, Alemán dijo: “Vamos a aprobar esas leyes que estaban rezagadas, para que sean promulgadas y apoyar al gobierno de Enrique Bolaños. Acuérdense que quienes lo apoyamos somos nosotros, el PLC.”
El desarrollo posterior de los acontecimientos puso en entredicho ese prometido apoyo de Alemán, porque, ocho días después, el siete de febrero, la Asamblea envió las iniciativas presidenciales de ley a comisión, negándole así a Bolaños la solicitud de trámite de urgencia. Posteriormente, el jueves de la semana pasada, Alemán insistió en que habría que esperar unos tres meses hasta que quede aprobado el nuevo Código Penal. Eso significaría que en los próximos meses, que podrían ser mucho más de tres, todos los delitos de corrupción no tipificados podrían cometerse sin que quienes en ellos incurran puedan ser sentados en el banquillo de los acusados. El lunes de esta semana, sin embargo, Alemán insinuó que si Bolaños insiste, podrían aprobarse las leyes que éste propuso, aunque dijo que enviará una comisión para explicarle al Presidente por qué es mejor esperar. Finalmente, ayer -después de que los embajadores europeos declararon su apoyo total a la lucha contra la corrupción y que esperaban que la Asamblea Nacional también se pusiera a la altura-, los liberales y lo sandinistas anunciaron que van a aprobar las refomas penales propuestas por Bolaños.
Es comprensible que Arnoldo Alemán no quiera que se hagan rápidamente las reformas penales que demanda el presidente Bolaños. Pero la ciudadanía está cansada de tantos desmanes en el Estado y quiere que esos delitos se tipifiquen —y se castiguen— cuanto antes. En un país en el que es normal que funcionarios corruptos que han saqueado el Estado se marchen después muy tranquilos a sus casas a disfrutar de lo robado, o incluso a ocupar otras posiciones públicas de importancia, no hay ninguna razón que justifique la negativa de aprobar rápidamente esas leyes que tratan de impedir que las cosas sigan igual.
Los diputados no pueden alegar que al considerar esas iniciativas de ley estarían duplicando esfuerzos innecesariamente. Las iniciativas son claras y puntuales, y bastaría un poco de voluntad política para que en el término de unos cuantos días puedan formar parte de nuestra legislación penal.
La renuencia de Alemán a cooperar con el presidente Bolaños se ha visto como una maniobra para tratar de demostrar que es él quien “manda”, y si así fuera el ex presidente estaría demostrando que está dispuesto a interferir en cualquier momento con la agenda de quien fuera electo por una abrumadora mayoría del voto popular para, precisamente, reparar los daños causados durante la administración alemancista.
El pueblo nicaragüense está cansado de tanta corrupción e impunidad, y la Asamblea Nacional, por lo tanto, debe discutir y aprobar de inmediato las reformas penales contra la corrupción, que presentó el presidente Bolaños y que demandan la ciudadanía y la comunidad internacional.
