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BARCELONA.- Cataluña es una región de España que ha hecho reclamos parecidos a los de la costa caribeña de Nicaragua, con la diferencia de que aquí el sistema de gobierno autónomo ha caminado y allá apenas es una ley que el Poder Legislativo se ha negado a reglamentar desde hace 15 años.
La población de España es más diversa de lo que uno supone desde lejos. Catalanes, vascos y gallegos ven a sus territorios como países distintos, hablan lenguas distintas, sus comidas y sus danzas también, pero igual se sienten parte del Estado español.
La Constitución española reconoce las regiones autónomas desde hace 24 años y sin embargo, todavía debaten cuáles son los límites del poder de cada territorio y Cataluña, por ejemplo, pide entre otros derechos tener una ley electoral propia.
Las autonomías, concebidas en 1978 como la base de una nueva España que sería fuerte por su pluralidad social, es un proceso con discusiones permanentes pero que ha dejado beneficios a las diferentes poblaciones, porque las regiones autónomas han crecido en lo económico desde entonces.
El problema hoy, según el jurista Juan José López Burniol, es que “mientras la España castellana defiende un modelo de Estado nación con un fuerte centro de poder hegemónico radicado en Madrid, Cataluña apuesta por un Estado plurinacional con diversos centros de poder articulados en forma de red”.
En Nicaragua, entre pobreza, la discusión es porque la ley de autonomía, promulgada hace 15 años, nunca ha favorecido a las minorías étnicas y el gobierno central sigue extrayendo las riquezas de la costa caribeña dejándole beneficios mínimos a sus habitantes.
Muy poco sirve a los costeños que en sus regiones haya bosques, fauna marina y minerales, si la extracción de estos recursos sólo beneficia a los pobladores mestizos de la zona del Pacífico, porque sólo el gobierno central decide la reinversión de las ganancias.
Más del 70 por ciento de los caribeños desconfían de los partidos políticos, del gobierno central y de los gobiernos autónomos, según estudios recientes, porque en ninguna de esas organizaciones o instituciones se sienten representados.
A Nicaragua le conviene más unir a sus habitantes dentro del respeto de la diversidad étnica, que confrontarlos a través de la negación sistemática de los derechos de comunidades que se diferencian de la mayoría por sus lenguas y otras expresiones culturales propias. Más ciudadanos estarían dispuestos a levantar el país.
La elección de autoridades en la Costa esta semana puede ser beneficiosa si los nuevos gobiernos autónomos consiguen administrar sus recursos y decidir cómo atender las necesidades de su población. De lo contrario, sólo elegirán a ejecutores de las decisiones del gobierno central, mientras los madereros del Pacífico llegan al Caribe a talar los árboles sin que nadie allí pueda impedirlo.
