- Los colegiados respondieron
a la Corte por separado
Consuelo Sandoval [email protected]
La crisis institucional que mantiene enfrentados a cuatro magistrados liberales y tres sandinistas en el Consejo Supremo Electoral (CSE), por la recurrida resolución de cancelación de la personalidad jurídica del Partido Conservador, se trasladó a la acera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ambos bandos de magistrados presentaron sendos informes ante la CSJ sobre el recurso de amparo interpuesto por los conservadores ante la cancelación de su personalidad jurídica por una resolución del CSE del 21 de noviembre pasado. Ese recurso fue admitido por el Tribunal de Apelaciones, cuyas autoridades ordenaron la restitución de sus derechos.
Los liberales solicitaron a la CSJ declarar improcedente el amparo, argumentando que el Tribunal de Apelaciones invadió la jurisdicción y competencia del Poder Electoral, por cuanto la cancelación de la personalidad jurídica de los conservadores constituye materia electoral. Consideran que el fallo del Tribunal de Apelaciones es lesivo a la separación de los poderes del Estado.
CONTRAARGUMENTOS
Los sandinistas solicitaron declarar procedente el recurso, alegando que el Tribunal de Apelaciones actuó apegado a lo consignado en la Ley de Amparo.
“Nosotros estamos de acuerdo en que al Partido Conservador se le debe garantizar la justicia constitucional, restableciéndole todos sus derechos como persona jurídica de derecho público, por lo que los colegas magistrados (liberales) violaron el artículo 75 de la legislación electoral, que establece que “iniciado el procedimiento de oficio o recibida la petición de suspensión o cancelación, se mandará a oír al partido afectado por seis días para que conteste lo que tenga a bien, y transcurrido ese término, el CSE mandará a abrir a prueba por diez días y resolverá dentro del término de quince días”.
El escrito recuerda que el 13 de diciembre pasado, el CSE resolvió por unanimidad registrar las candidaturas de los partidos políticos participantes en el proceso electoral de las regiones autónomas del Atlántico nicaragüense, incluyendo a los conservadores, hasta que sus colegas liberales de “manera arbitraria y violentando” los procedimientos establecidos, anularon su participación dejándolos en la indefensión de sus derechos políticos protegidos por la Constitución.
