Piden a la Corte revertir partida de 36.8 millones para diputados

Demandantes dicen que diputados se extralimitaron Consuelo Sandoval [email protected] Dos organizaciones de la sociedad civil interpusieron ayer un Recurso de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, contra el presidente de la Asamblea Nacional, Arnoldo Alemán, alegando que ese poder del Estado asignó en el Presupuesto anual, una partida de 36.8 millones de córdobas para […]

  • Demandantes dicen que diputados se extralimitaron

Consuelo Sandoval [email protected]

Dos organizaciones de la sociedad civil interpusieron ayer un Recurso de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, contra el presidente de la Asamblea Nacional, Arnoldo Alemán, alegando que ese poder del Estado asignó en el Presupuesto anual, una partida de 36.8 millones de córdobas para ser ejecutados por los legisladores.

“Nos consideramos afectados porque la aprobación de este rubro y monto mencionados constituye una clara violación a nuestra Constitución Política en lo relacionado a las atribuciones que tienen los legisladores, miembros del Poder Legislativo. Nos perjudica como ciudadanos en vista que distorsiona el rol para el cual han sido electos los diputados”, argumentan los recurrentes en su escrito.

Alegan que ese dinero debería ser asignado a otras instituciones del Estado o a los gobiernos locales, en particular para los municipios más pobres, así como para fortalecer la descentralización, lo que permitiría coherencia con la estrategia de reducción de la pobreza que el Poder Ejecutivo debe aplicar en el presente período.

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El documento señala que ese dinero está siendo ejecutado con criterios individuales y partidarios.

Aseguran que la asignación de esos recursos debilita la institucionalidad, no sólo por la violación a la Constitución, sino por la distorsión que provoca a la naturaleza de las funciones de los diputados, porque no están facultados para manejar ni ejecutar fondos en actividades de desarrollo comunal, además, que tienen discrecionalidad para el manejo de ese dinero, lo que atenta contra la obligatoriedad de la transparencia en el uso de los recursos del Estado a la que todos los funcionarios públicos están obligados.  

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