Proyecto de ordenamiento de la propiedad en consulta

Es financiado por el Banco Mundial. En su fase piloto contempla Madriz, Estelí y Chinandega Alina Lorío L.CORRESPONSAL/[email protected] El proyecto de Ordenamiento de la Propiedad, que se encuentra en su etapa de negociación entre el Gobierno de Nicaragua y el Banco Mundial, fue presentado recientemente a las Juntas Directivas y Consejos de Ancianos de los […]

  • Es financiado por el Banco Mundial. En su fase piloto contempla Madriz, Estelí y Chinandega

Alina Lorío L.CORRESPONSAL/[email protected]

El proyecto de Ordenamiento de la Propiedad, que se encuentra en su etapa de negociación entre el Gobierno de Nicaragua y el Banco Mundial, fue presentado recientemente a las Juntas Directivas y Consejos de Ancianos de los pueblos indígenas de Mozonte, San Lucas, Telpaneca y Cusmapa.

Lilliam Jarquín, funcionaria del proyecto conocido por sus siglas como PRODEP-BM, explicó que es considerado un Proyecto Piloto para cinco años a partir de junio próximo, que de tener éxito podría ejecutarse a más largo plazo.

La funcionaria resaltó que PRODEP tiene su antecedente en proyectos financiados por otros organismos, pero con un enfoque de Reforma Agraria Integral que incluye a la propiedad reformada, propiedad municipal, propiedades indígenas y comunitarias, entre otras.

En su fase piloto tendrá cobertura en tres departamentos del país: Madriz, Estelí y Chinandega, además de un pequeño pilotaje en la Costa Atlántica, donde se trabajará con las demandas de las etnias básicamente en respaldo a la aprobación de la Ley de Demarcación y Titulación que se encuentra engavetada en la Asamblea Nacional desde hace año y medio.

INSERTAR A COMUNIDADES INDÍGENAS

La licenciada Jarquín aclaró que el proyecto, tal como esta planteado, al momento no recoge demandas de algunos sectores especiales, y que por lo tanto es necesario insertar adecuadamente a las comunidades indígenas, ya que pretende regularizar toda lo relacionado con la propiedad.

Lidera el proyecto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde su Oficina de Titulación Rural, y tiene como mandato el ordenamiento legal de tierras estatales y de comunidades indígenas.

Participan el Mag-For, el Marena, el Ineter, la Corte Suprema de Justicia (Registro Civil de la Propiedad), las alcaldías y las organizaciones civiles.

Es importante, dijo la licenciada Jarquín, que las comunidades indígenas, por ejemplo, estén organizadas en sus Juntas Directivas y Consejos de Ancianos, para que participen en Unidades Técnicas Operativas cuando en sus municipios se trabaje en la regularización de la propiedad.

El Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad iniciará en el departamento de Chinandega, con la medición de todas las propiedades individuales y colectivas para catastrar las tierras de cada municipio, donde deberán quedar bien definidos los criterios de los territorios indígenas por título o tradición ancestral de posesión reconocidos por derecho.

Indicó la funcionaria que PRODEP, que esto incluye Reformas Legales que permitan un ordenamiento claro de la propiedad y se respeten los derechos individuales y colectivos.

Al respecto, consideró oportuno tomar en cuenta el Convenio 269, que contiene conceptos importantes sobre los territorios indígenas.  

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