Consuelo Sandoval [email protected]
Todavía no queda claro si las autoridades de la Asamblea Nacional ejercen algún control sobre los 15,000 córdobas en ingresos mensuales fijos que recibe cada legislador, cuyo desembolso total anual asciende a C$16,560,000, según se desprende de las opiniones de los diputados consultados.
Edwin Castro, coordinador de la bancada sandinista, ratificó que las bancadas parlamentarias reciben por cada diputado la suma de C$15,000 mensuales, asignación que según él existe desde 1990 y que está sustentada en la Ley Electoral y el Estatuto del Parlamento.
Castro negó que los parlamentarios reciban ese dinero a título personal, porque reciben un solo cheque para la bancada, y aseguró que por el contrario, esos fondos son utilizados para el pago de asistentes parlamentarias, asesores, secretarias, y la compra de computadoras, entre otras necesidades sufragadas.
Alegó que ese dinero no puede ser gravado porque representa gastos operativos de la bancada, no es ingreso de un diputado y lo maneja la directiva de la bancada, además que rinden cuenta ante el Parlamento, la Contraloría y los 38 diputados sandinistas “que se han convertido en contralores”.
MÁS BIEN ESTÁN «AHORCADOS»
Destacó que con esa partida presupuestaria “quedamos ahorcados, más bien andamos buscando quién nos apoye”.
Su colega liberal disidente e integrante de la bancada “Azul y Blanco”, Miguel López, afirmó que ese dinero lo utiliza para pagar 135 dólares en el alquiler de una oficina que tiene en Diriamba para atender al público, el pago de una secretaria, un periodista, una trabajadora social, una asistente-contadora y financia un programa sabatino radial.
“Yo hice la pregunta en diciembre, cuando recibimos un seminario, de que si esos gastos eran sujetos de rendición de cuentas, y la respuesta fue que no. Sin embargo, llevo todos mis recibos, pagos de luz, teléfonos, ayuda económica para las personas”, señaló.
López dijo estar dispuesto a pagar sus impuestos si ese dinero estuviese gravado.
El especialista en derecho fiscal, René Vallecillo, afirmó que los legisladores podrían estar evadiendo impuestos en caso de que estuviesen pagando a sus conductores personales con la asignación económica de C$15,000 mensuales que perciben en ingresos indirectos a través de sus respectivas bancadas.
“El conductor constituye un gasto personal, y por tanto, ese ingreso específico no está exento de impuestos. En cambio, el pago a un asesor para sus labores legislativas estaría exento, pero ese funcionario externo estaría obligado a enterar sus tributos al fisco siempre que devengue una suma superior a los C$4,000”, argumentó.
“La ley es bien clara, todo aquello que no esté expresamente exencionado está gravado, según el artículo 8, la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluso dice que aunque se le ponga cualquier nombre”, insistió.
