José Luis [email protected]
Un acuerdo de libre comercio con los estados Unidos sería muy beneficioso para Nicaragua. Hay que recordar el hecho de que el 85% de las exportaciones del país, se destinan a mercados en los que se tiene acceso preferencial —de poder exportar con cero o bajos aranceles—. Ello es gracias, en el caso de los Estados Unidos, a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Sin embargo, esa Iniciativa es una concesión unilateral y no un acuerdo bilateral. Un tratado de libre comercio, garantizaría el acceso al mayor mercado del mundo.
Existen importantes ventajas para Nicaragua y los demás países centroamericanos, de entrar en un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Se consolidaría y ampliaría el acceso al mercado más grande del mundo, ya que las relaciones comerciales dependerían de un acuerdo internacional. No menos importante, la firma de un tratado comercial con los Estados Unidos vendría a consolidar las políticas de liberalización comercial seguidas en los últimos años. Por otro lado, un acuerdo comercial, si bien presentaría el reto de mayor competencia externa, beneficiaría tendencialmente: a los productores al tender a reducir los costos de los insumos y bienes de capital importados; a los consumidores al proporcionarle acceso a una mayor oferta de bienes a menores precios y a los países del istmo, al fomentar sistemas económicos más eficientes. La apertura externa, es no sólo un reto, es también una oportunidad. Naturalmente que en un tratado comercial con los Estados Unidos, el proceso de desgravación arancelaria de Nicaragua tendría que ser asimétrico para permitir un proceso de reconversión productiva interna.
Aunque hay sectores que insisten en el riesgo de la apertura comercial, cabe recordar que en todo caso Nicaragua ya ha avanzado bastante en el proceso de desgravación arancelaria. El arancel promedio disminuyó de 45% en 1990, a 9% en el 2001. De todas maneras, cabe señalar, que resulta muy improbable que Nicaragua y Centroamérica, retrocedan de manera significativa en el proceso de reducción de aranceles. Ello iría en contra de la estrategia de regionalismo abierto y de apertura externa, que dentro del marco de una creciente globalización, se ha implementado en el Mercado Común Centroamericano, desde el inicio de los noventa. El proceso de apertura comercial ya es irreversible.
El problema de la protección a los rubros sensitivos debe abordarse sin favorecer de manera particular a grupos de presión mejor organizados. Es un hecho que en el proceso de desgravación arancelaria que tuvo lugar en los noventa, se protegió en mayor grado a medianas y grandes empresas que a pequeños productores. Basta mencionar dos ejemplos: el caso del azúcar y el de las piezas de pollo. Un estudio realizado, en 1993, mostró que la protección arancelaria, en Nicaragua y Centroamérica, estuvo históricamente sesgada a favor de las grandes empresas. La protección arancelaria diferenciada se presta a discrecionalidad e inclusive a corrupción. Se requiere transparencia, al negociar la protección a rubros sensitivos.
Aunque el acceso a mercados que garantizaría un acuerdo comercial con los Estados Unidos es muy importante, conviene enfatizar que el problema central de Nicaragua es la reducida capacidad de producción y de exportación. El nivel extremadamente reducido de las exportaciones, es producto en buena medida de las limitaciones estructurales en la capacidad productiva interna y de los sesgos antiexportadores aún prevalecientes —como la sobrevaluación cambiaria y los elevados costos de producción—, sin embargo, no dejan de influir negativamente las limitaciones en el acceso a los mercados externos. Un acuerdo comercial con los Estados Unidos contribuiría a una mayor inversión y a mayores exportaciones.
Aunque Nicaragua definió —a través de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial— un calendario de desgravación que incluyó a productos agropecuarios sensitivos, corresponderá establecer, dentro de un acuerdo comercial, un calendario de desgravación asimétrico, es decir, Estados Unidos, deberá reducir más rápidamente las trabas aún existentes a las exportaciones provenientes de Centroamérica. De parte de los países centroamericanos, el plazo de desgravación total para los productos más sensitivos podrá ser lo suficientemente largo para que se produzca una reconversión productiva en los rubros en los que se tenga reales ventajas comparativas. Naturalmente que tendrán que desaparecer o reducirse aquellas actividades en las que no existan tales ventajas. Ello produciría una reasignación de recursos hacia los sectores más eficientes, lo que sería coherente con los intereses económicos de largo plazo de los países del istmo. Corresponde, prepararse desde ahora para el reto de una mayor apertura comercial, en el marco de una creciente globalización.
El autor es economista.
