Gerardo Rodríguez Olivas
Diariamente aparecen en los principales medios de comunicación, noticias, comentarios, opiniones, acerca de la situación de la justicia en Nicaragua, reflejo de la preocupación ciudadana por el tema, la mayoría de los cuales son desfavorables para su administración: dama lacerada, partidización, politización, necesidad de su reestructuración, saneamiento de la misma, corrupción, tráfico de influencias, etc. tan deteriorada, desacreditada y demeritada se aprecia la justicia que aparentemente resulta ineluctable y comisorio desmantelar el sistema actual y substituirlo por otro. Precisemos, sin embargo, las cosas.
En Nicaragua, sólo en el año 2001, se dictaron en todo el país, más de dieciséis mil sentencias, correspondientes a cerca de diez mil sentencias penales, más de cinco mil quinientas civiles y poco más de quinientas sentencias de los Tribunales de Apelaciones (sin incluir las Sentencias Interlocutorias ni Recursos de Amparo). Pienso que no es posible admitir sin reservas que todo este caudal jurisprudencial haya sido todo pernicioso, desatinado y antijurídico. Tal creencia, además de constituir una afrenta para los jueces y magistrados, carece de base objetiva y real. Que diez, veinte casos de relevancia nacional hayan sido fallados bajo el influjo del trasiego político, económico o de la amistad, ello no puede ser extrapolado de forma tal, que la justicia aparezca en Nicaragua como algo realmente repugnante, deleznable y ausente de toda decencia y cientificidad. Que un sacerdote no sea un dechado de virtud no vuelve a todo el clero despreciable, o que un médico sea un traficante comercial de la salud, ello no significa que todos los médicos sean tránsfugas de la salud. Igual ocurre con la justicia: si bien no se debe defender a los inicuos, tampoco en su nombre se debe condenar a los justos.
El tema de la justicia es tan complejo, que su estudio debe ser abordado desde diferentes ángulos. Para comenzar, debemos reconocer que las judicaturas no cuentan con modernas y completas bibliotecas donde los jueces puedan estudiar y forjarse mayores conocimientos de los casos que se les someten a su conocimiento. Tampoco se debe ser lisonjero con la legislación vigente, pues siendo nuestro derecho escrito y muy formalista, difícilmente les es posible a los judiciales aplicar la equidad “contra legem”, pues bajo ciertas premisas dictar sentencia contra ley expresa puede dar origen a figuras penales como el prevaricato.
Debe, así mismo, tomarse en consideración la cuestión salarial: recientemente el gobierno ha anunciado los salarios ministeriales por el orden de los siete mil dólares. En la actualidad, un juez de distrito de Managua, con más de ochocientas causas por año, recibe un salario equivalente a un 10 por ciento del salario de un ministro, aún y cuando tenga bajo su responsabilidad la libertad de las personas o la seguridad jurídica en el tráfico de los bienes jurídicos.
Debo, no obstante, admitir que si bien estos elementos son muy valiosos para la forja de una vigorosa y prestigiada administración de justicia, y que pueden contribuir a mejorar la percepción de los resultados de este servicio en el país, sin embargo, nada puede más favorecer, propiciar el “saneamiento” de la justicia, que los propios hombres y mujeres encargados de tan noble tarea. El talentoso magistrado asociado de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, Benjamín Nathan Cardoso, cita en su libro La Función Judicial, el pensamiento de un autor que, a mi juicio, encierra la “clave” de tal “sanidad”. Según dicho autor, “no existe nada que garantice la justicia, excepto la personalidad del juzgador”.
En efecto, ni los altos estudios jurídicos, ni la vasta experiencia forense, ni las notables calificaciones universitarias, ni condiciones ambientales óptimas, ni un salario digno, ni vastas bibliotecas, pueden por sí mismos lograr que se mejore la justicia en Nicaragua. Todo depende de la persona, de su ética, de su deseo de superación profesional, de su perspectiva de ennoblecer cotidianamente su trabajo, de su espíritu de servicio, y de la visión que posea acerca de la tarea inconmensurable que tiene en sus manos. Propiciar estos valores depende de una sólida educación, de un cambio de mentalidad de los que acuden a los tribunales con la dádiva en la mano, y de la elaboración de un plan que asegure estabilidad y dignidad a los jueces y que incluya, por supuesto, capacidad y resultados de trabajo. Pero no se puede eliminar la broza con la siembra de maleza.
El autor es Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua.
