- Es una posición “desatinada”,
dice Fiscal Adjunta
José Adán Silva [email protected]
No sólo al Poder Ejecutivo causó molestias la posición del Procurador de Justicia, sino también a la Fiscalía General de Justicia y a la Superintendencia de Bancos, dos de las principales instituciones encargadas de investigar las quiebras de cuatro bancos en los últimos dos años.
Ayer la fiscal general adjunta, María Lourdes Bolaños, calificó como “desatinada” la posición personal asumida por Herdocia ante el caso de Mayorga.
“Es desatinada la posición del doctor Herdocia, porque él es una autoridad pública que representa al Estado, y al decir que le ofende el juicio a Mayorga, quiere decir que él como representante del Estado no se siente ofendido (por Mayorga). No se puede ser juez y parte en casos como éstos”, dijo Bolaños.
Herdocia, en una de las partes del documento, dice que “ofende aún más a la justicia” el hecho de que Mayorga permanezca preso, sobre todo “luego que de su absolución se trate de procesarlo por supuestos nuevos delitos apoyados en los mismos hechos, contrario al principio jurídico consignado en nuestra Constitución de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos”.
A Mayorga un jurado de conciencia lo declaró inocente el año pasado, de los delitos de estafa y defraudación en perjuicio del Estado y accionistas del banco. La quiebra del Bancafé costó 50 millones de dólares al Estado.
Por su parte, el superintendente de Bancos, Noel Sacasa, emitió un comunicado donde señala que Herdocia no sólo asume la defensa de Mayorga “sin suficiente conocimiento de causa”, sino que, además, implica que detrás de las autoridades que de alguna manera han investigado los casos “hay una fuerza poderosa dispuesta a sacrificarlo en aras de intereses desconocidos”.
Sacasa señala que la quiebra de los bancos ha costado al Estado cerca de 400 millones de dólares, y que está convencido de que una vez que Herdocia se familiarice con toda la evidencia del caso del Bancafé, “será muy difícil para él concluir que no hubo culpa grave de al menos alguno de los responsables de la dirección de dicho banco”.
