- La Policía no acusa y pide pruebas contra ellos para poder detenerlos
William Briones L.Heberto Jarquín M.y Mario Sánchez P.
La Comisión Pro Derechos Humanos y Paz de la Asamblea Nacional demandará una explicación a la Policía Nacional por la decisión de dejar en libertad a cuatro desalzados del Frente Unido Andrés Castro (FUAC) en Rosita, informó el presidente de ese organismo legislativo, diputado Orlando Tardencilla.
“Si los liberaron sin mayor fundamento, vamos a pedir que nos expliquen por qué no los pusieron a la orden de las autoridades competentes. Cuidado y se derivan acciones de responsabilidad administrativa y hasta penales por negligencia”, advirtió el parlamentario.
“Un delincuente con consecuencia jurídica no puede ser amnistiado de hecho por una autoridad que no está facultado para hacerlo”, sentenció.
“Es una irresponsabilidad dejarlos en libertad. Eso es violatorio de la ley porque estamos ante un delito indubitable, y de hecho deben ponerlo ante el juez. Un policía ante sí y por sí no pude liberar si no es por un mandato judicial”…
“Necesitamos saber en base a qué decidieron practicar estos indultos o amnistía. El indulto nace como consecuencia de una sentencia firme, y éstos ni siquiera han sido procesados; en consecuencia, no son objeto de indultos”, reaccionó Tardencilla.
De acuerdo con el Artículo 138 de la Constitución, es atribución de la Asamblea Nacional “conceder aministía e indultos por su propia iniciativa o por iniciativa del Presidente de la República”.
El comisionado Marlon Montano, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, manifestó que los desalzados “están bajo resguardo policial”, pero que serán liberados para que regresen donde sus familias y se integren a la vida normal y productiva en el campo, mientras no haya denuncias contra ellos, es decir, que la Policía no presentará cargos.
POLICÍA: NO HAY INDULTOS
El capitán Carlos Malespín Lorente, jefe de la Policía en Rosita, dijo a LA PRENSA que a los remanentes del FUAC les brindarán la oportunidad de reintegrarse a la sociedad si se entregan con sus armas, “como una muestra de buena voluntad”.
“Ellos saben que no se ha decretado una amnistía ni indulto y que no están eximidos de enfrentar juicios de parte de los familiares de las múltiples víctimas de los remanentes del FUAC”, indicó.
Malespín aclaró que “Tinieblas” y “Juan de la Montaña”, no van a contar con este beneficio.
“Definitivamente tienen que responder por las múltiples acusaciones que les hacen sus mismos subordinados, quienes les atribuyen numerosos crímenes que se han cometido en el Triángulo Minero. Si se entregan, automáticamente pasan a los Juzgados, y si ponen resistencia, serán eliminados”, señaló.
REVUELO EN EL TRIÁNGULO MINERO
En el Triángulo Minero (Siuna, Rosita y Bonanza) causó revuelo la declaración del joven Samuel Mendoza, hijo del señor Agustín Mendoza, asesinado en Santa Fe, municipio de Siuna, el 16 de abril del 2001, quien anunció que demandará judicialmente a desertores de los remanentes del FUAC que según él participaron en el asesinato de su padre.
Los desertores dijeron en sus declaraciones testificales que ellos participaron en varias acciones bélicas, pero que en el caso de los asesinatos y pasadas de cuenta, no lo hicieron porque de eso se encargaban los jefes Pilar Lira López “Tyson”, Domingo Quintero García “Tinieblas”, y Juan Manuel Kraudy Zamora “Juan de la Montaña”.
En el caso de uno de los hombres que Samuel Mendoza dice reconocer como uno de los que participó en el asesinato de su padre, el 16 de abril de 2001 en Siuna, el comisionado Montano dijo que Mendoza no ha hecho la denuncia en la Policía, y que si no la hace en las próximas horas, el sospechoso será liberado, tal como ordenan las leyes del país.
Los desalzados responden a los nombres de Reynaldo Herrera Rodríguez, Reynaldo Hernández Dormus, Ramón Avilés González y Marcial Muñoz, que el sábado pasado se entregaron a las autoridades en Shasa, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
POLICÍA PIDE PRUEBAS
En relación con la demanda anunciada por el joven Samuel Mendoza, el capitán Malespín señaló: “Está en todo su derecho, una demanda judicial de este tipo progresaría si presenta pruebas contundentes como testigos que hayan presenciado el asesinato”.
Gregorio Downs Selva, delegado de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos de la Costa Atlántica (Cedehca) en el municipio de Bonanza, dijo que se debe exhortar a la reconciliación y la paz sin menoscabo de la justicia, y advirtió que se tienen que cerrar espacios a personas que quieran obtener réditos políticos de la tragedia que se ha vivido en el Triángulo Minero.
Ramón Avilés González, uno de los desertores de los remanentes del FUAC que sería demandado por familiares de víctimas de los remanentes, expresó que sus ex compañeros de armas que aún se encuentran en la montaña podrían desistir de la idea de rendirse si se enteran de que los llevarán a juicio.
SE ENTREGAN OTROS DOS
El lunes 18 de febrero dos integrantes de la banda de Domingo Quintero García, alias “Tinieblas”, se entregaron a las autoridades después que abandonaron a su jefe el sábado 16.
Walter José Díaz Jarquín, de 26 años, originario de Waslala, y Mario Muñoz Hernández, de 22 años, nativo de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, son los desertores que a través de la intermediación del Centro de Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cedehca), depusieron la armas y se rindieron en Bonanza.
Walter José Díaz, alias “Nelson”, explicó que la noche del sábado 16 se encontraba haciendo “posta” en el campamento ubicado en la zona de Kalalá, unos 50 kilómetros al noreste de Bonanza, de donde había acordado fugarse junto a Mario Muñoz, conocido como “César”, cuando éste lo relevara en el turno de centinela nocturno.
“Teníamos miedo porque “Tinieblas” nos advertía todos los días que mataría al que abandonara las filas del FUAC, señaló el desertor.
Mientras tanto, Mario Muñoz asegura que “estamos cansados, maltratados y sin esperanzas; lo mejor que podemos hacer es buscar cómo integrarnos a la vida civil al lado de nuestras familias”.
