Roberto Moreno Cajina
La ley de servicio civil y de la carrera Administrativa deberá dar estabilidad laboral a los miles de trabajadores del Estado, lo que constituirá uno de los más grandes logros democráticos del liberalismo, tanto desde el Gobierno como desde la Asamblea Nacional, debe modernizar la legislación laboral y poner a Nicaragua a la cabeza de los países de América Latina. La Ley de Servicio Civil debe terminar con los estresantes temores que agobian a los trabajadores en cada cambio de gobierno o de ministro, por la famosa “escoba” o las terribles “barridas” que los han azotado por décadas y que afortunadamente su práctica ha venido disminuyendo desde 1990, con el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro. Todo gobierno debe entender que darle estabilidad al trabajador público es un acto democrático, valiente y de respeto a las ideas políticas de los ciudadanos. Los que comienzan un gobierno corriendo a los trabajadores, comienzan violando la Constitución y los principios que rigen la legislación laboral.
La nueva ley tornará al Estado en un único empleador y se podrá hacer carrera en el servicio civil, aún cuando el empleado se traslade de una institución pública a otra. La estabilidad laboral del trabajador del sector público será superior a la que otorga el Código del Trabajo, porque nadie podrá ser despedido sin haber causa justificada. No existirá ninguna medida semejante a la establecida en el Arto. 45 CT que permite el despido, sólo por el deseo del empleador de no tener más a un trabajador.
Algunos protestan, alegando que la nueva ley elimina la indemnización por despido sin causa justa y lo señalan como un enorme retroceso. Nada más equivocado. Eso es entender el derecho laboral al revés. Si no existe despido sin causa justa, la estabilidad laboral es total. Sería absurdo exigir indemnización, si no hay despido. Eso es un avance gigantesco, jamás un retroceso. Esto es la esencia de la Ley de Servicio Civil.
Los legisladores que aprobaron la indemnización del Arto. 45 CT, pusieron una carga económica para que el empleador prefiriera cumplir el precepto de estabilidad, nunca pensaron en que el trabajador se llevará un fajo de billetes, como piensan algunos que venden su estabilidad laboral renunciando o pidiéndole al empleador que lo despida.
La única forma de hacer carrera administrativa en el sector público es eliminando el despido sin justa causa. Es aceptable la preocupación sobre los casos de renuncia o terminación de la relación laboral por jubilación, prescripción médica o muerte.
Otro logro de la ley que dignificará al empleado público y borrará las diferencias entre un profesional al servicio del Estado, frente a otro del sector privado. Muchos empleados, a pesar de su vocación abandonan su puesto cuando les ofrecen un mejor pago en la empresa privada. La ley apoyará el principio de “igual trabajo, igual salario” y terminará las distorsiones salariales para una misma ocupación. Por ejemplo, hay secretarias que devengan salarios de C$800.00, y otras que, por diversos motivos llegan a ganar hasta C$10,000.00. las diferencias son astronómicas y la nueva ley debe eliminar estas injusticias y acabar con tanta anarquía salarial.
Otro gran logro de la ley es que pondrá fin a la deducción del 5 por ciento para el partido gobernante, aún cuando el empleado diga que lo hace voluntariamente. Es un acto democrático y una muestra de confianza del partido de gobierno en sus afiliados y simpatizantes. El aporte será entregado directamente por el trabajador como un acto de convicción militante, propia de cualquiera que quiere y apoya a su partido.
Son buenos los capítulos que tratan de la capacitación, las promociones y otras que enaltecen al empleado público que hará carrera sobre la base de sus méritos. Así debe ser.
El autor es asesor laboral, ex Viceministro del Trabajo.
