Carlos José Herrera Urbina
En latinoamérica la gran mayoría de países presentan un alto grado de desigualdad en la distribución de ingresos, entre los que sobresale Nicaragua que es considerado como el país más pobre después de Haití. Si utilizamos el método de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) para medir la pobreza en nuestro país tendríamos que el 72.6% de la población es pobre y 44.7 % vive en extrema pobreza, a pesar que este indicador tiende a sobrestimar, no deja de ser importante para conocer el nivel de pobreza. Éste es un dato alentador por lo que nos dice que la situación no podría estar peor y si ese fuera el caso, nos llevaría casi a un caos absoluto.
En términos más comunes la pobreza se define como los niveles inaceptablemente bajos de ingreso y consumo, y se atribuye también como la falta de oportunidades económicas. Nicaragua presenta un alto índice de disparidad del ingreso. Utilizando los datos del documento de Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza, éste revela que el coeficiente de Gini es de 50.0 se acerca al promedio latinoamericano (muy desigual) de 50.8, tanto así que el 10% más rico recibe el 45% del ingreso total, mientras que el 40% más pobre recibe sólo el 10%. Es tan sencillo como decir que por cada vehículo de lujo (Monteros, Toyotonas, etc.) hay aproximadamente unos 2,500 nicaragüenses pobres que no tienen acceso a los servicios básicos y de éstos 1,700 viven en extrema pobreza, y eso que no pasan 5 minutos sin que miremos en nuestras ciudades las dos caras de la moneda.
Se puede afirmar que la pobreza en Nicaragua es en su mayor magnitud el reflejo de un reducido nivel de desarrollo general. La desigualdad en la distribución de los recursos económicos y del poder político están relacionados entre sí y son los principales obstáculos para el desarrollo sostenible de Nicaragua. El crecimiento económico es un factor importante pero, asegurar una distribución más justa del mismo constituye un reto especial. Si se lograra una mejor distribución del ingreso como en los países de Asia del Sudeste, el porcentaje de la pobreza sería del 17%. Por ejemplo el costo económico de mantener una tasa de inflación baja el año pasado, ha sido el desempleo, cuando se suma la tasa de desempleo abierto y la tasa de subempleo (equivalente) se aproxima al 25% lo cual significa que alrededor de medio millón de nicaragüenses económicamente activos no generaron ingresos en el año 2001.
El problema de la pobreza expresa una eminente amenaza a la democracia y a la paz y ésta tiene su raíz en la distribución desigual de los recursos económicos y del poder político. Las diferencias sociales y económicas se agravan por una clara política de distribución deficiente y la concentración de poder incentivando así la corrupción y violencia social que miramos a diario en nuestro país.
A pesar que en el marco de la reunión de Estocolmo y el G6 se ha llevado a cabo un diálogo intenso acerca de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados y la Estrategia de Reducción de la Pobreza los mecanismos de coordinación de la Cooperación Externa son muy deficientes todavía. La cooperación externa representa un tercio del Producto Interno Bruto por lo que debería de aprovecharse al máximo, de forma más coordinada y eficiente los recursos que éstos aportan para bajar los índices de la pobreza a largo plazo.
Es fácil proponer crecimiento económico y más producción pero esto debería estar en forma implícita relacionado a quien se distribuirán las riquezas generadas, en qué porcentajes y formas para que éstos no sean simplemente un maquillaje de la situación alarmante que vive el país. Se dice que Nicaragua es un país de oportunidades y de inversión, pero en realidad que las oportunidades las obtienen los que tienen capital y poder político con lo cual condenan al pueblo a una pobreza infinita, siendo realista éste es un país de oportunidades pero para los ricos de hacerse más ricos y de los delincuentes quienes se aprovechan del frágil sistema judicial existente. En la elección y formulación de las actividades del gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional deberán tenerse muy en cuenta la deficiente distribución de los ingresos y oportunidades en Nicaragua.
Una de las formas más efectivas de tener una mejor y más justa distribución de los beneficios económicos, consiste en mejorar los servicios de salud y principalmente la educación del pueblo. Tener más gente capacitada se convierte en mejores salarios. Lamentablemente la voluntad de realizar los cambios existe, pero a conveniencia de pocos y no a las necesidades del pueblo, lo cual se convierte en un obstáculo que hace más grande la brecha entre los ricos y los pobres. Los representantes de las y los nicaragüenses basan sus decisiones políticas a favor de la minoría y no a favor de una mayoría pobre. Lo cual parece que el tener un pueblo sin educación es sin duda alguna conveniente para los políticos de élite, ya que de esta manera se les hace más fácil robar, engañar, pagar mano de obra barata y obtener mayores beneficios. Una nación requiere un buen sistema judicial, funcionarios e instituciones honestos y medios de prensa libres que puedan criticar y contribuir al desarrollo social, económico y cultural del país.
El autor es Economista y Financiero.
