Una gran conmoción nacional provocó el auto de prisión que dictó el juez Sabino Hernández contra los hermanos Alex y Saúl Centeno Roque, que son acusados por fraudes financieros en Interbank y Semar, que involucran sumas gigantescas que van de 200 millones a 300 millones de dólares.
Además, el impacto del mencionado fallo judicial aumentó por la espectacularidad con la que efectivos policiales incursionaron en la residencia de uno de los acusados, en Managua, donde, por supuesto, no los encontraron. Luego las autoridades de Policía han hecho un ruidoso despliegue en la supuesta búsqueda de los célebres prófugos, quienes obviamente tuvieron tiempo de sobra para escapar, pues, tal como lo declaró el comisionado mayor Edwin Cordero, los hermanos Centeno Roque supieron primero que la Policía Nacional que el juez Sabino Hernández había dictado el auto de prisión contra ellos.
Es comprensible que el fallo contra los dos Centeno impactara a la ciudadanía y le despertara la esperanza de que, aunque sea tardíamente porque los fraudes ocurrieron hace más de dos años, pudiera haber justicia en este multimillonario caso de corrupción —que hizo tambalear al sistema financiero nacional y cuyas consecuencias económicas fueron asumidas por el gobierno a cuenta de los nicaragüenses que trabajan y pagan impuestos—, en el cual no cabe ninguna duda que están involucrados poderosos personajes que permanecen en el anonimato.
Pero, ¿será cierto que las autoridades gubernamentales, incluyendo a las judiciales, quieren en este caso hacer justicia, o sea que están dispuestas a escudriñarlo hasta en sus últimas implicaciones, así como a sacar a luz y acusar a quienes están detrás de los hermanos Centeno para mandarlos por largo tiempo a prisión, que es donde por ley, justicia y moralidad pública deben estar? ¿O lo que se está haciendo es tan sólo una simulación de justicia —la cual, como hemos dicho en otras ocasiones, citando a Platón, es la peor forma de injusticia que puede haber—, a fin de “lavar” la imagen de los acusados; o para castigar sólo a un par de chivos expiatorios mientras los principales culpables quedan en el anonimato y protegidos por la impunidad?
Quisiéramos creer lo primero, es decir, que en realidad en este caso el gobierno y la autoridad judicial están dispuestos a aplicar la ley y hacer justicia, que es lo que conviene al interés de la nación y a la necesidad de dignificar a las instituciones, así como al decoro de las mismas personas que ejercen los poderes públicos. Además de que hacer justicia es conveniente para los nuevos gobernantes del país por su propio buen nombre y por la credibilidad de sus promesas de que gobernarían con rectitud.
Pero nosotros estamos obligados a desconfiar. En realidad, si –en el caso de la autoridad judicial— algunos relevantes casos de corrupción y abusos de poder han sido llevados a juicio sólo para sobreseer o absolver a los acusados; y si en lo que se refiere al gobierno central éste ha echado tierra sobre casos menores pero significativos, como las dietas millonarias y el proyecto del asilo de ancianos de Managua, ¿cómo creer entonces que quieran hacer justicia en un asunto de corrupción descomunal como es el de los fraudes financieros que involucra a poderosos personajes de uno y otro bando político, y que está protegido expresamente por el pacto libero-sandinista para la institucionalización de la corrupción?
Es bien sabido que así como hay lavado de dinero y de activos también existe el lavado de imagen, delitos y delincuentes. Esto último ocurre precisamente en los Estados que son institucionalmente corruptos, donde conspicuos delincuentes pertenecen de manera directa o indirecta a las altas esferas del poder político y económico, y en algunos casos son procesados pero no para aplicarles la ley y hacer justicia, sino para guardar las apariencias y sobre todo para absolverlos mediante juicios amañados —incluyendo a tribunales de jurados de dudosa credibilidad—, y limpiarlos de sospechas y culpas.
Por supuesto que no podemos asegurar que eso es lo que se está haciendo en el caso de los hermanos Centeno Roque. Y por la dignificación de la justicia y el bien de Nicaragua quisiéramos que nuestras dudas fuesen infundadas. Ojalá que lo fueran.
