Plaguicidas, salud y ambiente en los países subdesarrollados

Erwin A. Aguilar Gámez

Los plaguicidas se usan en la agricultura y programas de salud para controlar las plagas. Son llamados “elíxires de la muerte” por Rachel Carlson (1962). En 1940 aparecen los organoclorinados, organofosfatados en 1960, herbicidas en 1970 y piretrinas en 1975.

Los países subdesarrollados constituyen el 75% de la población mundial (parte de Africa, Asia, Latinoamérica y el Sur de Europa). El Programa Ambiental de la ONU clasificó a 12 plaguicidas como los más peligrosos (DDT, Dieldrín y Toxafeno son algunos de ellos). El uso indiscriminado del DDT es responsable de la resistencia del mosquito anófeles. El DDT en un problema de salud pública en México (López-Carrillo, 1997). El cultivo del algodón en Centroamérica empezó en la década de 1950 para proveer textiles y los efectos de los plaguicidas a largo plazo está aún por verse.

El estudio de Connecticut (1999) no encontró relación entre el contenido de DDT en los humanos y el cáncer; pero se le consideró asociado al cáncer hepático en Cerdeña (1946) y se le atribuyen propiedades estrogénicas por poseer afinidad por los sitios receptores de estrógenos, que podría explicar el riesgo de cáncer de pecho. Los niveles de DDT en sangre (Vietnam, 1994) no demostraron tal relación. En Suecia (2001) se observó un aumento de tumores cerebrales y leucemias en hijos de padres expuestos a plaguicidas durante la concepción.

No obstante, han tenido un impacto positivo. La tifoidea (Argelia, 1943 y Nápoles, 1944) y la malaria (Cerdeña, 1944, India, 1953 y Sri-Lanka, 1971 y otros países incluyendo a Nicaragua). El uso indiscriminado causó un aumento en los artrópodos resistentes. A partir de los años cincuenta el uso aumentó en los países subdesarrollados y los riesgos multiplicaron, especialmente en los usuarios, que generalmente son campesinos, tienen poca educación, están mal entrenados y carecen del equipo apropiado.

Los países subdesarrollados carecen de cuerpos legislativos para regular el uso y distribución. Los climas favorecen el cultivo de cosechas estratégicas (algodón, arroz, maíz, té, café, caña de azúcar, legumbres, etc.) y están ligados a naciones industrializadas para la exportación de productos y generación de divisas e importación de equipo y materia prima. Sufren de analfabetismo, tienen sobrepoblación y bajo nivel de vida. La economía es deficiente y su infraestructura es limitada.

En 1962 empezó la preocupación mundial por los efectos de los organoclorinados, organofosfatados y carbamatos que empezaron a verse en los hospitales. Hubo grandes tragedias: Nigeria (1960 y 1982), Vietnam (1962), Turquía (1962), México (1968), Pakistán (1975), Bhopal, India (1984), Perú (1987), Costa Rica (1980) y Nicaragua entre otras. Observaciones en Nicaragua (1986-1988) y publicados en Lancet en 1991, demostraron que una sola intoxicación con organofosfatados producía una disminución de la actividad neurosicológica.

Los residuos de plaguicidas se tiran en los campos o cerca de acequias, ríos, lagos o el mar. Los contenedores se “lavan” rudimentariamente en ríos o cerca de pozos y se usan para guardar agua potable. La fumigación aérea olvida el factor viento y “rocía”, casas, gentes, ganado, animales domésticos y todo lo que está a su paso.

Los plaguicidas son responsables por más de 200,000 tragedias anuales en las naciones subdesarrollados. Desafortunadamente, y hasta cierto punto, son un mal necesario. Han contribuido a la cantidad y calidad de la comida. Un retiro súbito del mercado presentaría problemas de salud mayores. Los países subdesarrollados están amenazados por el crecimiento demográfico y enfermedades ambientales.

El control es la solución. Se debe regular el mercadeo, almacenamiento, uso y disposición, evaluar la naturaleza química y toxicológica, etiquetar el plaguicida en el idioma del país —incluyendo avisos bien claros sobre los peligros— educar a los usuarios, limitar el uso de los más persistentes, investigar e informar los envenenamientos, legislar sobre los daños, perjuicios e indemnizaciones, además de inspeccionar los lugares donde se manejan.

Lamentablemente, los plaguicidas continuarán formando parte de nuestro arsenal para la protección de cosechas y programas de salud. Los gobiernos tienen que aceptar su responsabilidad y conducir programas de vigilancia epidemiológica para la prevención de intoxicaciones. Sustituir la importación con productos menos peligrosos y exigir que estén debidamente matriculados en el país de origen.

Es una situación de justicia social y de justicia ambiental. Hacen falta decisiones y resoluciones políticas. El Poder Legislativo tiene que recibir asesoría científica de los profesionales de la salud y los ministerios de salud tienen que aumentar sus capacidades técnicas y científicas y proporcionar el cuidado médico necesario.

El autor es médico.  

Editorial
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