Carlos Ralph Cisneros Santamaría
La alta presión por los recursos naturales como fuente de exportaciones, y de bienes de uso para la vida de las comunidades rurales del país son elementos alarmantes, ya que con la tasa de extracción de los bosques que ronda entre la 50,000 a 100,000 hectáreas anuales, sumándose a ello los incendios forestales, representan una amenaza a la vida futura, ya que de mantenerse este ritmo, en los próximos 25 años veremos cómo la vida y la oportunidad de progreso económico de Nicaragua serán sacrificados junto con los bosques que persisten hoy. Sumándose a ello un 70% de desempleo y subempleo de la PEA del sector rural.
Ante el paradigma de conservar los recursos naturales a través del manejo y uso racional de los mismos, enfrenta la dificultad de que la conservación en su enfoque moderno no es responsabilidad exclusiva del gobierno, sino también de la población en todo su conjunto.
En estos tiempos de globalización la venta de servicios ambientales que países de avanzada están pagando a países como el nuestro por dedicarse a conservar la biodiversidad para generar beneficios directos e indirectos de nuestros bosques, como es el pago por secuestro de dióxido de carbono (CO2) y la producción de oxígeno (O2) al ambiente del planeta. Esto es un producto de exportación aún no explotado, pero que Nicaragua tiene una gran oportunidad de iniciar este proceso.
Esta oportunidad es una parte de las cosas que se pueden hacer en el área del ambiente en el país, a la par se necesita impulsar programas de modernización estructurales en lo que respecta a lo jurídico, organizativo, financiero en la toma de decisiones de manejo de la biodiversidad con la implementación de nuevas leyes.
¿Cómo lograr la conservación de la biodiversidad en Nicaragua?
En principio se debe iniciar con una propuesta de Ley de Conservación de Biodiversidad que integre como principal elemento un proceso estructural institucional en lo organizativo que defina claramente las distintas instancias de trabajo a nivel de consejos, comisiones u otras formas de gestión.
Una ley que estimule la participación individual y comunal, por medio de incentivos basados en indicadores de eficiencia de manejo y protección estratégica de ecosistemas de recarga de acuíferos o con otros criterios específicos de conservación. También es importante contemplar aspectos fiscales de financiamiento, y poder financiar todas las obligaciones intrínsecas en la aplicabilidad de la ley misma.
Elaborar una Ley de Conservación de Biodiversidad de la nación es un proceso complejo que debe integrar criterios científico – ecológicos vitales para diseñar y administrar dichas áreas de protección de la biodiversidad, además del fomento de programas de investigación con prioridades claramente funcionales y con divulgación de información por programas de educación formales dentro de los programas educativos oficiales en los distintos niveles, también una campaña de educación informal a través de los medios de comunicación social en todas sus modalidades de prensa escrita, radial y de televisión.
Pero cuáles son las fortalezas que favorecen la viabilidad de la conservación de la biodiversidad en Nicaragua:
1. El inicio de un nuevo gobierno que desea hacer cambios pragmáticos para el país, con credibilidad tanto dentro y fuera del mismo.
2. La capacidad organizativa comunitaria que tenemos los nicaragüenses para trabajar juntos con un objetivo común.
3. La capacidad técnica que tiene el país con las instituciones de gobierno y ONG, además de la llegada de nuevos especialistas en el área ambiental.
4. Las políticas internacionales con tendencia hacia la conservación de la biodiversidad con estudios de bioprospección (identificar nuevos recursos genéticos, de uso, y clasificación de nuevos productos comerciales) y la oportunidad de ofertar servicios ambientales.
5. La necesidad de generar para la nación un sistema funcional de Conservación de la Biodiversidad con una visión autóctona, que estimule la participación de las comunidades indígenas, y bajo la premisa del reconocimiento del derecho de propiedad intelectual de sus habitantes.
El autor es Especialista en Manejo de Vida Silvestre.
