Noel Ramírez Sá[email protected]
Recientemente di a conocer al pueblo nicaragüense y en especial a nuestros jóvenes estudiantes, la intención de impulsar una reforma al mecanismo de distribución del 6 por ciento, de forma tal que los 600.00 millones de córdobas que hoy se entregan a sólo algunos rectores del Consejo Nacional de Universidades (CNU), se concedan en forma de becas directas a nuestros estudiantes, para que ellos puedan con toda libertad disponer qué y dónde quieren estudiar. Que sean ellos, los mismos estudiantes, los que decidan sobre su futuro académico.
A pesar de la reacción positiva que esta iniciativa ha recibido, he escuchado algunas inquietudes infundadas de parte de algunos rectores del CNU y de unos pocos líderes estudiantiles. Estas inquietudes han sido básicamente las siguientes: primera, que deseamos abolir el 6 por ciento y violar la Constitución; segunda, que deseamos violar la Autonomía Universitaria, tanto académica como administrativa; tercera, que estaríamos eliminando los programas de investigación que desarrollan algunas de estas universidades, y cuarta, que se podría politizar el proceso de otorgamiento de las becas.
Con el fin de responder a tales inquietudes, que debo considerarlas de buena fe, deseo señalar lo siguiente:
Primero, que respeto de forma total el principio del 6 por ciento y la Autonomía Universitaria.
Segundo, que reconozco que la universidad está compuesta, en primer lugar, de estudiantes, ya que sin ellos no hay universidad. En todo caso, lo que existiría sería un mero centro de investigación, pero nunca una universidad. Así mismo, reconozco que el monto de una beca debe cubrir los costos de docencia, los de una administración eficiente y una parte de los costos por investigación, como es hoy en las universidades nicaragüenses y como lo es en todas las universidades del mundo, en donde una buena parte, si no la mayor parte del costo por investigación, es cubierto por donaciones de fundaciones y organizaciones de desarrollo. Por lo tanto, al entregar el 6 por ciento en forma de becas, no se está poniendo en peligro los verdaderos programas de investigación, ni se están dejando descubiertos los costos de una eficiente administración. Obviamente, si la docencia y la investigación no mantienen la excelencia requerida por los estudiantes, éstos buscarán, con todo el derecho que les asiste, mejores opciones para educarse. Pero esa será la decisión del estudiante, y ello, a mi juicio, no sólo es saludable, sino necesario y beneficia a Nicaragua y a nuestros jóvenes estudiantes.
Tercero, que no debemos temer a la politización de las becas, ya que los criterios deben ser totalmente objetivos —ser un buen estudiante y provenir de una familia de bajos ingresos— y en el proceso deberán participar y estar representadas las autoridades universitarias, los estudiantes, las autoridades de los centros de segunda enseñanza y el Estado, además de cualquier otra organización que contribuya a garantizar la idoneidad del proceso.
Cuarto: que nadie está pretendiendo reformar la Constitución y mucho menos violarla, ya que el Artículo 125 Cn. lo que establece es lo siguiente: “Las universidades y centros de educación técnica superior que según la ley (es decir, una ley ordinaria) deben ser financiados por el Estado, recibirán una aportación anual del 6 por ciento del Presupuesto General de la República, la cual será distribuida de acuerdo con la ley” (es decir otra ley ordinaria). Y, por otro lado, el mismo artículo constitucional establece que “los profesores”, estudiantes y trabajadores administrativos participarán en la gestión universitaria”. En consecuencia, esta iniciativa no requiere modificar la Constitución, únicamente requiere de la reforma a la ley ordinaria que determina el mecanismo de distribución del 6 por ciento.
Espero con estos comentarios haber respondido a las inquietudes planteadas por algunos rectores del CNU, y por algunos líderes estudiantiles.
El autor es diputado liberal
