Freddy Potoy [email protected]
Hasta que el gobierno de Estados Unidos mueve un dedo para hacer justicia con quienes se presume han cometido algún delito, es que funcionarios gubernamentales de países como el nuestro en carrerita salen a decir cuatro cosas para congraciarse, cuando lo correcto debería ser investigar desde el mismo momento en que las denuncias documentadas se conocen.
LA PRENSA publicó hasta la saciedad con suficientes pruebas documentales los actos de corrupción del señor Byron Jerez Solís, en la Dirección General de Ingresos, pero el entonces Procurador General de Justicia y ahora Fiscal General de la República, doctor Julio Centeno Gómez, ni el juez donde se instruyó la causa por denuncia del ciudadano Rafael Córdova, encontraron méritos suficientes para hacer que prevaleciera la justicia.
Tuvo que ser la justicia de Estados Unidos la que le advirtiera al actual gobierno de las barbaridades de don Byron Jerez, tanto en Estados Unidos como en Nicaragua.
Para Estados Unidos es muy importante el castigo de muchos delitos, entre ellos el narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo y tráfico de ilegales. En este sentido, el presidente Enrique Bolaños, en su discurso de asunción al poder, se comprometió a combatir y colaborar en la lucha contra estos delitos.
Bueno, el gobierno de Bolaños entra a su primera prueba de fuego con Estados Unidos, al tener que ir a fondo con el caso de Jerez, muy a pesar de los sentimientos del presidente de la Asamblea Nacional, Arnoldo Alemán Lacayo, amigo personal del sospechoso de lavado de dinero en Estados Unidos.
Ojalá que ahora el fiscal no diga que no hay evidencias, que el Jefe de la Policía no justifique que nunca documentaron el caso, que la Contraloría no vuelva a acomodar una resolución cobarde y que la Procuraduría por fin haga algo.
Nicaragua está harta de tantas zanganadas de políticos y funcionarios corruptos, y aquí ser un ladrón de corbata parece ser una gracia, no un delito, y peor aún, a veces sus compinches son los mismos que imparten justicia en las distintas esferas del poder gubernamental.
Con este caso asoma una luz de esperanza para que la justicia nicaragüenses investigue a los demás ex funcionarios corruptos que fueron protegidos durante el gobierno anterior.
El caso de Byron Jerez no termina allí y seguramente tiene una conexión tan larga como un rosario que seguramente llevará a pegar con personajes conocidos por sus malos actos en la administración pública y que aún siguen beneficiándose del poder.
Es casi seguro que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la DEA y otros organismos del gobierno norteamericano, tienen “chequeadita” a la gente cercana a Jerez.
En Nicaragua no sólo hay que investigar a Byron Jerez, sino a todos aquéllos que han saqueado al Estado y que pueden ser procesados antes de los cinco años a partir de la comisión del delito, período en que prescribe el mismo si no hay investigación oportuna.
