Max Lacayo Lacayo
La mayoría de los economistas se suscriben a la idea de que un “buen” sistema de impuestos es uno que impulse a los negocios a producir más, promoviendo de esta manera el crecimiento económico. Pero los objetivos económicos de una sociedad son los que en realidad determinan el criterio específico que define lo deseable o lo indeseable de una estructura de impuestos. Esto depende de que si el objetivo de esa sociedad es incrementar la producción, con la posible inequidad en la distribución de riquezas o si el objetivo primario es distribuir la riqueza, independientemente del nivel de crecimiento económico.
En las condiciones actuales de Nicaragua, donde el crecimiento económico está en sus etapas primarias y el ingreso per cápita es muy bajo, es simplemente aconsejable hacer del crecimiento económico un objetivo primario, por la simple razón de que los bienes y servicios deben ser producidos antes de poder distribuirlos. A manera de ilustración, un pastel más grande tiene el potencial de ser distribuido entre más personas y en mayor cantidad. La alternativa es “la distribución de miseria”.
Por eso, la cuestión de impuestos debe razonarse y no debe imponerse con arbitrariedad. Un impuesto no debe matar el incentivo de producción, debe considerar la capacidad de liquidez de los contribuyentes, no debe distorsionar la economía y debe considerarse el efecto neto en la recaudación de impuestos. Además, los impuestos no deben usarse como una manera práctica de confiscación de la propiedad privada.
Existen muchas maneras con las que un gobierno docto y responsable puede promover inversión y producción; desde la promoción del ahorro privado para la inversión privada hasta la reducción del derroche y malversación de los gastos públicos. Esto conlleva esfuerzos intrínsecos para ese avance social básico y dignificante que es la creación de empleos y posteriormente la distribución más equitativa de beneficios. La realidad es que la intervención del gobierno en los asuntos de la economía requiere de un arte poseído únicamente por unos cuantos oficiales y políticos. Desdichadamente, esto no puede practicarse bajo presiones políticas o con carencia de conocimientos.
La iniciativa de ley de “decimocuarto mes” que se contempla en la Asamblea Nacional, tiene el fin de obligar a todos los empleadores en Nicaragua a pagarle un mes adicional de salario a todos sus empleados con hijos de entre 5 y 20 años como bono escolar para contribuir con los gastos de su educación. A pesar de su apariencia de ley de avance social, esto es de hecho un nuevo “impuesto social”, puesto que tiene un impacto opuesto y contrario al programa de desarrollo de nuestra economía de libre empresa. Frente a nuestras actuales condiciones económicas recesivas, este nuevo impuesto —en la más elemental expresión aritmética— terminará reduciendo la producción, el empleo, los niveles de ingresos y la misma capacidad del gobierno de recaudar sus impuestos.
Quizás los patrocinadores de esta iniciativa de ley creen que al aumentar los costos de producción a las empresas, los empresarios trabajarán más y producirán más para compensar las pérdidas de sus utilidades. Sin embargo, esto es especialmente imposible en una economía con bajos niveles de consumo. Lo que en realidad sucede es que las empresas tratan de pasar sus más altos costos a los consumidores en la forma de más altos precios. Esta tendencia inflacionaria disminuye aún más el poder de consumo, forzando a los productores a reducir los niveles de producción. Con menos ingresos, éstos se ven forzados a reducir costos por medio del despido de empleados y hasta el cierre de sus empresas. Eventualmente esto ahonda la recesión económica y aumenta la desconfianza del consumidor y del inversionista. Además, dentro de este escenario, si se considera la amenaza en el alza de los costos de energía y otros costos de producción, la inflación podría alcanzar niveles nocivos, infringiendo injusticias personales en los ciudadanos más vulnerables, inhibiendo el crecimiento de una clase media productiva y atrofiando los precios y el sistema de mercado.
Mi opinión es que políticamente, la ley de “Decimocuarto mes” carece de visión a largo plazo. Económicamente es el medio más costoso posible y socialmente es, quizás, el más peligroso. De igual manera, no cabe duda que la mayoría de los nicaragüenses, cuando menos, sospechamos que hay formas menos dolorosas de curar nuestras heridas.
El autor es economista.
