Luis Sánchez [email protected]
El 12 de enero LA PRENSA informó sobre dos sacerdotes, uno de Quilalí (Nueva Segovia), acusado de discriminar a fieles de tendencia política sandinista, y el otro, de San Juan de Limay (Estelí), quien supuestamente protagonizó un penoso escándalo al llegar ebrio a la iglesia donde debía celebrar un matrimonio. Al respecto, el obispo de Estelí, monseñor Abelardo Mata, anunció el cambio de los sacerdotes aludidos y admitió que “a algunos hermanos se les va la mano”.
Sin dudas que esos casos son más bien faltas éticas, puesto que su investidura obliga a los sacerdotes a tener un comportamiento ejemplar. En todo caso, no son nada parecidos a los delitos que cometen algunos sacerdotes en otros países, a los que se refirió la agencia de prensa del Vaticano, ZENIT, el 11 de enero, al informar sobre la publicación del documento “Sacramentorum Sanctitati Tutela” (“La tutela de la santidad de los sacramentos”), en el cual Juan Pablo II “predispone rigurosos procesos eclesiásticos para los sacerdotes que cometen graves ofensas contra los sacramentos y la moral (pederastia)”.
Según ZENIT, el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, arzobispo Tarsicio Bertone, explicó que a pesar de que no son muchos los sacerdotes que abusan de menores, sin embargo “han emergido algunos casos de comportamientos gravemente ilícitos por parte de ministros sagrados”. Agregó que “estos casos son enfatizados por los medios de comunicación social y por la prensa y provocan más escándalo que en el pasado”, pero reconoció que el problema del escándalo preocupa a la Iglesia. Y señaló que el propósito es hacer más clara la caracterización “de determinados delitos, pues también en el ámbito del Derecho de la Iglesia, es necesario ser absolutamente precisos”.
La nueva disposición pontificia duplica el tiempo de la prescripción de estos delitos , que ahora es de diez años. “Por ejemplo —explicó el Cardenal Bertone— en el caso de abuso de un ministro sagrado de un menor de 18 años, el tiempo de prescripción empieza a contar a partir de que el menor cumpla 18 años”. Bertone explicó que el “ministerio sacerdotal es ofendido por el comportamiento de pocos ministros, mientras… casi la totalidad de los sacerdotes se comporta de manera ejemplar”. El Arzobispo considera que es necesario fortalecer la confianza de los fieles en los sacerdotes, especialmente en los párrocos y los educadores. “Deseo —dijo— reconfirmar la plena confianza en las grandes congregaciones que han desarrollado, a través de los siglos, y que desempeñan con gran mérito una obra educativa para millones de jóvenes. Esto hace más triste aún el comportamiento de unos pocos ministros, unos pocos educadores, que traicionan su vocación y misión”.
La controversia acerca de qué es peor, el pecado o el escándalo, es tan antigua como interminable. Pero lo importante es que la Iglesia Católica no encubra ni justifique la conducta inadecuada de algunos sacerdotes, sino que la reconozca, y que la castigue y corrija debidamente. Ahora bien: ¿Hacen o harán lo mismo las autoridades de las otras religiones?