El FSLN está exigiendo la destitución de cuatro magistrados del Consejo Supremo Electoral, a los que acusa de prevaricato, un delito que según el Código Penal lo comete: “El Magistrado o Juez que conoce, juzga o resuelve contra la ley expresa, por soborno, interés personal o afecto o desafecto a alguna persona o corporación” (artículo 371 Pn.).
Según el FSLN los magistrados Roberto Rivas, Silvio Calderón, Mauricio Montealegre y Jorge Incer, actuaron de manera ilegal —sin quórum— al asignar los escaños de la Asamblea Nacional como resultado de las elecciones recién pasadas. Y además, violaron la norma constitucional al nombrar diputado suplente al actual Vicepresidente de la República, Dr. Leopoldo Navarro, quien ocupa ese cargo por designación de la Asamblea Nacional y no por voto popular directo que es lo que exige el artículo 133 de la Constitución Política, para que el Vicepresidente tenga derecho a la diputación.
Al parecer es correcto el cuestionamiento legal del FSLN, pero es obvio que lo que pretende es forzar una negociación política para quedarse con uno de los dos diputados de Boaco y otro de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), a pesar de que en ambas circunscripciones los votos sandinistas no llenaron ni una sola vez el cociente electoral, mientras que el PLC los llenó más de dos veces. Inclusive, el FSLN quería también quedarse con el diputado por Managua del Partido Conservador, porque éste supuestamente perdió la personalidad jurídica al no recibir el 4% mínimo de votos en la elección presidencial y menospreciando a los más de 100 mil ciudadanos que votaron en la casilla conservadora para diputados. Sin embargo, el FSLN rectificó esa actitud y ahora más bien está pidiendo que se mantenga la personalidad jurídica al PC.
Ahora bien, es evidente que son ilegales las decisiones que tomó el Consejo Supremo Electoral sin haber el quórum de cinco magistrados que exige el artículo 12 de la Ley Electoral. En realidad, el acuerdo” de caballeros” que firmaron todos los magistrados —liberales y sandinistas— para mantener el quórum aún sin la presencia física de ellos mismos, no puede estar por encima de la ley.
También tiene razón el Partido Conservador al denunciar que es ilegal la cancelación de su personalidad jurídica, primero porque el CSE no cumplió el procedimiento que establece la ley, y segundo, porque cuando el CSE tomó esa decisión sólo estaban presentes cuatro de los siete magistrados, siendo que el artículo 12 de la Ley Electoral señala que se “requerirá la votación favorable de cinco de sus miembros” (para) “el otorgamiento, la suspensión o la cancelación de personalidad jurídica a un partido político”).
La verdad es que el CSE ha cometido tantos desatinos que es justa y atendible la demanda del FSLN de que los magistrados señalados deberían renunciar o ser destituidos. Pero, ¿por qué los sandinistas sólo piden la renuncia o destitución de los magistrados liberales? ¿Y los sandinistas? ¿Acaso éstos no son también culpables por las múltiples arbitrariedades que ha cometido el CSE desde que fue tomado como botín bipartidista, en cumplimiento del pacto del Presidente Arnoldo Alemán con el líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega?
La verdad es que todos los magistrados del CSE deberían renunciar o ser destituidos de sus cargos, pues sólo así sería posible tener “un Poder Electoral despartidizado y profesional, y una mejor legislación para que cada nicaragüense pueda libremente elegir y ser elegido; y constituir y participar en partidos políticos según sus propias ideas”, tal como lo demandó —el 18 de octubre pasado en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental— el entonces candidato y ahora Presidente electo, don Enrique Bolaños, quien también expresó en esa misma oportunidad su “seguridad de que voy a contar con la voluntad de todos para impulsar estos cambios”.
Ojalá que don Enrique pudiera contar con la voluntad de los magistrados del CSE, y que por decoro estos renunciaran a sus cargos, así como el Vicepresidente Leopoldo Navarro no aceptó la diputación suplente regalada, pues que el saneamiento moral e institucional de Nicaragua no será posible mientras las consecuencias del pacto libero-sandinista sigan pervirtiendo los poderes públicos y el desarrollo del proceso democrático.
