El 5 de noviembre corriente, cuando no habían transcurrido ni veinticuatro horas desde que cerrara la última Junta Receptora de Votos, el candidato del FSLN, diputado Daniel Ortega, sorprendió gratamente a la ciudadanía y a los observadores internacionales al reconocer públicamente su derrota y felicitar personalmente al candidato triunfador, Enrique Bolaños. El gesto cívico de Ortega fue muy aplaudido y dio la impresión de que el Frente Sandinista estaba dispuesto, por primera vez, a aceptar una derrota electoral sin cuestionamientos posteriores. Pero al final no resultó así.
Este miércoles recién pasado, los magistrados sandinistas del Consejo Supremo Electoral decidieron no firmar el acta en la que éste proclamó oficialmente a los electos en los comicios del 4 de noviembre. Con esa acción, el Frente Sandinista una vez más echa un manto de duda sobre los resultados electorales, tal como lo hizo después de ser derrotado en las elecciones de 1990 y en las de 1996. Se recordará que en 1990, el Frente Sandinista aceptó la derrota pero amenazó con “gobernar desde abajo”. En las elecciones de 1996 también aceptó la derrota pero alegó que hubo fraude, y esta vez pretende hacer creer que tiene derecho a un par de diputaciones adicionales. Pero nada de eso es cierto. El método de asignación de escaños contemplado en la Ley Electoral se aplicó correctamente, y esos diputados le corresponden al PLC. ¿Por qué entonces el FSLN actúa de esa manera?
La razón hay que buscarla en el liderazgo de Daniel Ortega, a quien se le hace cada vez más difícil justificar ante sus seguidores su incapacidad de hacer que el sandinismo regrese al poder, y nada mejor para intentar justificar esa incapacidad que haciendo creer que la culpa no es de él sino de otros. Es del conocimiento público que ciertos sectores sandinistas están inconformes porque consideran que Ortega se apresuró demasiado a aceptar la derrota. Y ahora, con rehusarse a firmar el acta de proclamación de los electos, los magistrados sandinistas por lo visto pretenden introducir dudas sobre los resultados electorales, y satisfacer así, aunque sea parcialmente, a sus partidarios inconformes.
Es bastante improbable que los dirigentes del FSLN, al actuar así, estén pensando que pueden cambiar los resultados oficiales, pero sí pueden creer que se justifica ante sus seguidores, a pesar de que saben también que con ello deslucen el final del proceso electoral, que desde un inicio estuvo marcado por los altibajos e intereses del pacto libero-sandinista, y que sólo el civismo y la voluntad del electorado de expresarse con claridad hizo que culminara en una verdadera fiesta cívica.
Esa festividad de civismo, sin embargo, está siendo afectada por el comportamiento de los magistrados sandinistas del Consejo Supremo Electoral, y por la decisión de esa institución del Estado de cancelar la personalidad jurídica del Partido Conservador, abusando así de las facultades que le otorga la Ley Electoral. Si bien es cierto que el Partido Conservador no obtuvo el 4 por ciento de los votos en la elección presidencial, sí consiguió ese porcentaje en la elección de diputados, y habiendo discrepancia entre lo establecido en la Constitución Política y la Ley Electoral respecto a la cancelación de personalidad jurídica, lo menos que debió hacer el CSE fue abrir un proceso para dilucidar ese asunto.
Es de suponerse que los magistrados del CSE no ignoran la primacía jurídica de la Constitución Política cuando alguna ley secundaria la contradice abierta o aparentemente, y en este caso, si se aplica el principio de la primacía constitucional el Partido Conservador no tiene por qué perder su personalidad jurídica. No obstante, una vez más, los intereses de los partidos mayoritarios se han hecho presentes, y para satisfacerlos no reparan en pisotear la ley suprema de la nación.
El presidente electo, don Enrique Bolaños, se comprometió durante su campaña electoral a despartidizar las instituciones del Estado. No cabe duda que en el Consejo Supremo Electoral tiene una tarea pendiente. Sin embargo, la pregunta que una y otra vez hay que plantearse es: ¿podrá hacerlo con una Asamblea Nacional controlada por quienes tienen interés en preservar el pacto y mantener el actual estado de cosas? Sólo el tiempo lo dirá.
