Mario Ruiz [email protected]
No se trata de calificar, denigrar o menospreciar a los legisladores nacionales en el desempeño de sus funciones, a la cual han llegado por mandato popular a través de una elección general.
Sin embargo, la tradición legislativa, las leyes aprobadas y las muchas incongruencias que en ellas se encuentran, tienen un responsable: La prisa, el populismo y la falta de participación y consulta ciudadana en la elaboración de las mismas.
Encontramos no sólo leyes que se contradicen con otras anteriormente aprobadas e incluso dentro de una misma ley existen incoherencias; se legisla ampliamente en la creación de Comisiones, Comités y establecimiento de Divisiones, Departamentos y Oficinas en el ámbito estatal, que quedan en la mayoría de los casos simplemente en el papel, dado que a pesar de la vigencia de la normativa jurídica, todas estas nuevas instancias carecen del presupuesto necesario para funcionar.
A ministerios e instituciones estatales, a veces por la precaución de no crear nuevas instancias y su implicancia presupuestaria, se le asignan nuevas funciones, sin que se le brinde el rubro presupuestario para la realización de las nuevas tareas que se le encargan; así es lo común que no se tengan los medios de movilización para realizar notificaciones, inspecciones, divulgación de normativas y educación al público.
Hay en muchas dependencias estatales funcionarios dignos, honestos y trabajadores, que se frustran por la falta de medios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Si la coima, el soborno, las dádivas son pan del día en ciertas oficinas, también es justo reconocer que no todo está perdido y aún hay aquéllos que hacen aportes constructivos e incluso ponen y subsidian al gobierno poniendo sus vehículos particulares al servicio de la función pública.
La nueva legislatura, ojalá entre con buen pie y además de proporcionarnos leyes que beneficien a la colectividad, éstas sean acordes a la realidad nacional, proporcional a nuestra economía e idiosincrasia, y sobre todo sea una legislatura responsable con sus electores, consultándolos, estableciendo cada día más controles a la discrecionalidad gubernativa y que estén claros que toda actividad, toda función, conlleva gastos, una erogación monetaria y por lo tanto requiere de un presupuesto adecuado para su plena vigencia y aplicación.
El autor es abogado y notario público.
