María del Carmen Sacasa [email protected]
Entre días lluviosos y fríos, atravesamos la ciudad maravillosa, como califica un compositor carioca a Río de Janeiro. Custodiados por las sirenas, participamos en las sesiones oficiales de la Conferencia Preparatoria a la Cumbre de la Tierra.
Los gobiernos demostraron una apertura casi unánime que permitió replantear las posiciones radicales frente a los organismos no gubernamentales, asumiendo el compromiso de promover formas más eficientes de abordar el desarrollo sostenible en los foros multilaterales mediante mecanismos flexibles y adecuados para una mayor racionalización de esfuerzos y recursos.
En septiembre del 2002 se realizará la Cumbre Mundial en Johannesburgo, Sudáfrica. Ésta se visualiza como un punto de inflexión en el desarrollo de nuestras comunidades, puesto que en ella se dará prioridad a temas intersectoriales como finanzas, ciencia y tecnología, desarrollo de capacidades y vulnerabilidad. Esto significará un paso trascendental. Ya no será una discusión sobre la protección del medio ambiente como algunos tienden a afirmar.
Se trata de reconocer el carácter integral del Desarrollo Sostenible como la unificación de esfuerzos de forma dinámica para el manejo racional de los recursos, en especial nuestros bosques, cuencas y tierras, lo que requiere de políticas que promuevan un ordenamiento no sólo físico del territorio sino, también, social.
Como afirma el Sr. Malloch Brown, Administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “demasiadas personas continúan equiparando la protección del medio ambiente a la reducción del crecimiento económico y oportunidades en lugar de su expansión”.
Como resultado de la Cumbre de la Tierra en 92, los países desarrollados se comprometieron a destinar un 0.7% de su PIB para financiar el desarrollo en el resto del mundo, no obstante, en nuestra región las inversiones reales no superan el 0.1%. ¿Será que este hecho afecta apenas a aquellos entendidos en el tema? ¿Será que las repercusiones de dicho compromiso no provocan ningún cambio en nuestra economía latinoamericana?
Cuando se discute sobre la población excluida o en pobreza extrema, cuya ubicación en el territorio curiosamente está ligada a las zonas degradadas, nos preguntamos qué tipo de impacto necesitamos que se dé para que tomemos las medidas adecuadas para ser menos vulnerables. Tenemos que poner en práctica los principios propuestos por los Gobiernos en 92 y que los tomadores de decisiones vean en el uso racional de los recursos una inversión continúa y no un obstáculo.
Los representantes de la sociedad civil y de los Gobierno coinciden en que se requiere una nueva arquitectura financiera internacional que permita movilizar suficientes recursos para fomentar el desarrollo y la reducción de la pobreza.
Existe una gran preocupación porque la región enfrente competitivamente el panorama internacional con un sistema económico estable, abierto e incluyente, donde la dimensión ambiental se reconozca como oportunidad para las inversiones y el comercio.
¿En todo este escenario, cuál es el papel que hemos jugado como país? Pues a pesar de nuestras limitaciones y habilidades para ser autocríticos, un tanto negativas, hemos logrado marcar una pauta en la región. En una publicación sobre los resultados de esta Conferencia se afirma que “hubo pocos ejemplos de una efectiva representación de sociedad civil en las delegaciones de Gobierno que participaron, no obstante Nicaragua fue una excepción tan notable que su proceso preparatorio a la Cumbre Mundial ha sido considerado por los países de la región como el precursor de la participación real y no instrumentalizada de la sociedad civil, siendo por ende un modelo a seguir”.
La autora es Directora General Adjunta CONADES
