La diputación “regalada” que disfrutará el presidente Arnoldo Alemán durante el período de 2002 a 2007, es legal porque así lo dispone la Constitución, pero es ilegítima porque atropella al principio democrático de la representación popular. Y además, es un insulto a la dignidad de la nación.
Como es sabido, a resultas del pacto de 1999 entre el presidente Alemán y el líder sandinista Daniel Ortega, se estableció en la Constitución (artículo 133) que: “También forman parte de la Asamblea Nacional como Diputados, Propietario y Suplente respectivamente, el ex Presidente de la República y ex Vicepresidente electos por el voto popular en el período inmediato anterior…”. O sea que el presidente Alemán será diputado como un regalo que el FSLN y Daniel Ortega le hicieron, a cambio, entre otras cosas, de bajar el porcentaje necesario para ganar la elección presidencial, de 45% a 40%.
Pero el hecho de que sea una diputación regalada no significa que el presidente Alemán no la va a ejercer de manera efectiva —es decir, con plena capacidad legislativa, sueldo de casi 5 mil dólares mensuales, inmunidad parlamentaria e impunidad procesal—, como si hubiese sido electo por el pueblo que es lo que manda el principio de representación popular democrática y lo señala la Constitución (artículo 132): “La Asamblea Nacional está integrada por noventa diputados con sus respectivos suplentes elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de representación proporcional”. Y peor aún para Nicaragua, el presidente Alemán ha anunciado su intención de presidir la Asamblea para tratar desde allí de gobernar el país por vías de hecho.
En realidad, la diputación regalada por los sandinistas al presidente Alemán es más ignominiosa que la senaduría gratuita que se recetó en Chile el general Augusto Pinochet, en 1980, cuando la nueva Constitución chilena dispuso que hubiera nueve senadores designados y un senador vitalicio, que sería Pinochet después de dejar la Presidencia de la República. Pero supuestamente, la intención del constituyente chileno era que los senadores no electos formaran una instancia apolítica que diera a la función legislativa un carácter multidisciplinario, con la designación de personas procedentes del mundo académico, la judicatura, la Contraloría, las fuerzas armadas y gobiernos anteriores.
Ahora bien, el sólo hecho de que haya personas que usurpen la representación popular y legislen en nombre de la nación, sin ser elegidos por el pueblo, repugna a la conciencia de los ciudadanos libres y corrompe la institucionalidad democrática. Tanto así, que aún en países donde una parte de los parlamentarios es designada, como los lores británicos que son nombrados por la reina o el rey, esta antiquísima pero antidemocrática tradición está siendo abolida, con la comprensión y el consentimiento de la misma autoridad real.
El fundamento de la representación o diputación en una sociedad democrática radica en el principio de que el pueblo es el soberano de la nación y delega su poder en órganos institucionales, que están predeterminados constitucionalmente en sus funciones y son integrados por personas obligatoriamente elegidas por el voto popular. Pues, si los legisladores no son electos, sino designados o “regalados”, no pueden ser representantes legítimos de la nación ni mandatarios verdaderos del pueblo, que es fuente de todo poder público y depositario de la soberanía nacional.
En Nicaragua las representaciones legislativas regaladas fueron establecidas originalmente por el somocismo, que confirió a los ex presidentes de la República el cargo de senadores vitalicios. Luego, los sandinistas establecieron, en la Constitución de 1987, la diputación regalada como premio de consolación para los candidatos presidenciales que resultaran derrotados en las elecciones, pero que obtuvieran un determinado mínimo de votos. Después, los presidentes de Centroamérica dispusieron que se obsequiara una diputación en el Parlamento Centroamericano al Presidente de la República saliente. Y ahora, con la diputación nacional regalada al doctor Alemán, el pacto libero-sandinista llevó al peor extremo posible este atropello del principio democrático de que la representación debe ser electiva.
Indudablemente que por ahora es muy difícil abolir semejante aberración, pues habría que reformar la Constitución y la casi totalidad de los diputados pertenece a los partidos pactistas. Pero Nicaragua no puede resignarse a seguir esta vergüenza nacional de las diputaciones regaladas.
