Sergio J. Cuarezma*
La globalización, como expresa el Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Viena, 10 a 17 de abril de 2000), ha generado un medio ambiente propicio para formas de delincuencia nuevas y más extensas. El cambio de la estructura del comercio, las finanzas, las comunicaciones y la información ha ayudado a fomentar un espacio en el que la delincuencia no está confinada dentro de las fronteras nacionales. La delincuencia actúa cada vez más a través de las fronteras y, en muchos casos, tiene carácter mundial. Las organizaciones delictivas han adoptado las estructuras de tipo empresarial a sus actividades ilícitas, empleando personas y mecanismos de alta calificación para facilitar la generación y el ocultamiento de las ganancias. Además, las organizaciones delictivas son capaces de adaptarse a los cambios del mercado, respondiendo a la demanda de bienes y servicios proveniente del público.
En la protección de la economía y su desarrollo en los países, Nicaragua no es la excepción, es un tema prioritario y estratégico. Basta señalar un estudio reciente de PNUD sobre la «Seguridad Jurídica e Inversiones» realizado en Centroamérica y Panamá (2000), que para empresarios de sesenta y nueve países, son importantes para la inversión económica la credibilidad del Estado, la previsibilidad de las normas y de las políticas, las percepciones sobre la estabilidad política y seguridad de la propiedad, la relación Estado-Empresas, la incertidumbre creada por la ineficiencia del gobierno en la prestación de servicios, la importancia de la criminalidad, la confianza en la aplicación de la ley por la justicia, las trabas burocráticas y la importancia de la corrupción. Un clima de negocios adecuado para la inversión, resalta la citada investigación, se construye sobre la base de ciertas instituciones jurídicas y políticas, que muchas veces no son tratadas en forma adecuada y que tiene que ver con la libertad de establecimiento empresarial; un sistema de derecho de propiedad privada y pública en sus distintas formas y modalidades (los derechos de propiedad deben ser completos y estar bien definidos, especificados y efectivamente protegidos); un derecho de contrato que facilite el intercambio reduciendo los costes de transacción mediante normas de aplicación subsidiaria a las establecidas por las partes, y provea un conjunto de remedios ante el incumplimiento y una autoridad que asegure que los contratos se cumplen o las indemnizaciones se paguen; un Poder Legislativo encargado de aprobar las normas y unos poderes Ejecutivo y Judicial encargados de hacer cumplir las leyes y las normas privadas (contrato), poderes estos que deben ser independientes y estar obligados a rendir cuentas de su actuación.
Es difícil negar que en la actualidad el ámbito del delito económico se amplia y adquiere más complejidad. Los efectos desestabilizadores de la guerra, el terrorismo y el colapso del antiguo orden mundial se han combinado con la vulnerabilidad de las economías en quiebra o de las nuevas economías emergentes para crear un terreno fértil para las actividades ilegales. Incluso, las economías boyantes presencian el aumento de ciertos tipos de delito, especialmente de los de alta tecnología. El reto consiste en entender la magnitud de la expansión delictiva y desarrollar mecanismos para reducirla y prevenirla.
* Catedrático de Derecho penal y Criminología
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