EFE
LIMA.- El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, fue denunciado ayer constitucionalmente por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de fondos, lo que supone la primera acusación en su contra por actos de corrupción.
El ex Presidente, que renunció al cargo desde Japón en noviembre pasado, ha sido acusado constitucionalmente con anterioridad de los delitos de abandono del cargo e incumplimiento de funciones, así como de crímenes de lesa humanidad.
La congresista Ana Elena Townsend, presidenta de la comisión que investiga al gobierno de Fujimori, informó que la denuncia por corrupción se realizó tras confirmarse que el ex Presidente instauró en la Casa Militar de Palacio de Gobierno “un sistema irregular para desviar fondos” hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Ese dinero procedía de fondos del Estado y era empleado para realizar obras que servían para afianzar las campañas electorales del ex gobernante, señaló Townsend.
También expresó que la acusación constitucional contra Fujimori implica, por la inmunidad de su antiguo cargo, un juicio previo en el pleno del Congreso, que debe aprobarla antes de que el ex gobernante pueda ser procesado por el Poder Judicial.
La congresista, que presentó ayer en rueda de prensa las conclusiones a las que llegó su comisión, mantuvo que se ha confirmado que durante el gobierno de Fujimori (1990-2000) “se practicó la conducta irregular de desvíos de fondos” hacia el SIN.
El organismo de inteligencia, que dirigía en la “sombra” el detenido ex asesor Vladimiro Montesinos, recibía mensualmente entre 20,000 y 400,000 dólares, según los testimonios recogidos por la comisión.
Townsend aseguró que el SIN contaba con fondos del sector público para realizar obras sin licitación previa, lograr apoyo a favor de su gobierno (de Fujimori) y adquirir bienes y no tenía que rendir cuentas sobre el dinero.
OTROS DELITOS
La parlamentaria afirmó que Fujimori cometió también el delito de abuso de autoridad, al haber hecho prevalecer su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir sus órdenes.
Además, también existió un presunto delito contra el derecho al sufragio, ya que las obras se realizaron con “el claro objetivo político” de favorecer la continuidad del gobierno durante las campañas electorales.
Townsend añadió que los testimonios recogidos por su comisión han confirmado que el ex Presidente cometió un presunto delito contra la libertad de su ex esposa, Susana Higuchi, a quien retuvo en el Palacio de Gobierno.
Los ex jefes de la Casa Militar y cuatro ex edecanes de Fujimori afirmaron que recibieron las denuncias realizadas por Higuchi en 1992 sobre presuntos malos usos de las donaciones procedentes de Japón.
Esa denuncia propició que Fujimori ordenara la prohibición de salir del Palacio de Gobierno de su entonces esposa, según la versión.