Roberto Fonseca [email protected]
No había nada que delatara su verdadera identidad, con excepción del revólver que se dibujaba en la tobillera. Vestía un elegante traje oscuro, botas de vaquero, y, cerca del bolsillo del saco llevaba prendido el broche dorado, distintivo de la agencia antidrogas DEA. Su nombre sonaba a insulto —Jim Sheed—, y fungía como vocero de la DEA en Miami.
¿Dónde está el nica?, preguntó después de concluir su charla. El público lo conformábamos un pequeño grupo de periodistas latinoamericanos, que concluíamos en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) un curso de tres meses. El año correspondía a 1995, y la charla la había organizado Gerardo Reyes, periodista estrella del Nuevo Herald y nuestro profesor de “Periodismo Investigativo”.
— “Soy yo”, le respondí. Sheed, de facciones latinas, se acercó sonriendo, extendiendo la mano. “Así que vienes de la patria de Vaughan”, comentó con sarcasm, y asentí con la cabeza. “Óyeme”, agregó con acento boricua, “mi tesis es que sus mismos camaradas ‘le dieron agua’ (lo liquidaron), ¿qué crees?”
Le respondí que allá, en Nicaragua, se rumoraba que el ex oficial del Ministerio del Interior (MINT) estaba oculto en Libia o en Cuba, los dos únicos países donde Estados Unidos no podía alcanzarlo.
Por breves segundos, Sheed se quedó pensativo. “No había pensado en esa posibilidad”, dijo y se alejó.
ESCANDALO PREELECTORAL
Cuatro meses antes de que Daniel Ortega ganara su única elección presidencial, en los comicios de 1984, estalló un escándalo internacional que involucraba al Gobierno sandinista con el narcotráfico internacional.
En la edición del 17 de julio de 1984, del derechista periódico norteamericano Washington Times, se publicó en exclusiva la historia de que el gobierno sandinista estaba protegiendo a los principales narcotraficantes colombianos y colaborando con ellos en el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos.
La evidencia principal la constituían unas fotos hechas por una cámara oculta, colocada por la CIA dentro del avión C-123K, que piloteaba Barry Seal, empleado del Cartel de Medellín y a la vez informante de la DEA.
En las fotos, facilitadas por la Administración Reagan, aparecía el ex oficial del MINT cooperando en el trasiego de 600 kilos de cocaína, junto a los más importantes capos colombianos de esa época, entre ellos, Pablo Escobar (quien viajaba con pasaporte panameño, a nombre de Pedro Pablo Caballero Carrera) y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”.
El lugar correspondía al aeropuerto militar Los Brasiles, cerca de Managua, bajo el control del Ejército Popular Sandinista (EPS). La fecha de la operación encubierta: fines de junio de 1984. Por dicha colaboración, según los testimonios posteriores ante las cortes norteamericanas, el Cartel de Medellín pagaba una “coima” de un millón de dólares a las autoridades sandinistas.
Tras la denuncia periodística, la Junta de Gobierno desmintió categóricamente las acusaciones, basándose en que era una campaña de descrédito por parte de la Administración Reagan, su más feroz enemiga.
El Ministerio del Interior, por su parte, también rechazó las acusaciones, tildó de “montaje” fotográfico las evidencias, y Vaughan desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra.
Meses después, Seal fungió como “testigo estrella” en tres procesos judiciales. En uno de ellos, Estados Unidos presentó un indictment (acusación) contra Pablo Escobar, Carlos Lehder y Vaughan, entre otros, por varios delitos, el más grave, introducción ilícita de cocaína.
De todos los procesados, casi una decena de nombres, sólo Vaughan está libre. Varios están detenidos —Lehder, Bustamante y Dixon— y otros están muertos, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.
También lo está el “chivato” Barry Seal. Éste fue acribillado por unos sicarios colombianos, en febrero de 1986, en Baton Rouge, Estados Unidos. Le dispararon a quemarropa, con la misma subametralladora MAC-10 con que asesinaron al Ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, en mayo de 1984.
TESTIMONIO DE UN DESERTOR
En julio de 1985, tras cinco años de servicio activo, el teniente Alvaro Baldizón Avilés, del MINT, desertó hacia Estados Unidos, cruzando la frontera con Honduras.
Según su testimonio ante congresistas norteamericanos, a mediados de 1984 él había investigado los lazos con los narcotraficantes, y había concluido que el MINT —a través de una sociedad anónima denominada H and M Investments— había facilitado el territorio nacional para reabastecer de combustible los aviones de los carteles y para ocultar cargamentos de cocaína. A cambio, obtendría divisas para financiar operaciones encubiertas de la Seguridad del Estado en el exterior.
Paradójicamente, todo hace indicar que una de esas “acciones encubiertas” pudo haber sido la propia eliminación del ex teniente del MINT, cuyo testimonio contribuyó a la campaña de Reagan de más fondos (nada menos que 100 millones de dólares) para los “contras”.
Según un cable de AP, de junio de 1988, Baldizón Avilés fue encontrado muerto “en circunstancias misteriosas” en su casa, en un suburbio de Los Ángeles, California.
Horas antes, el ex oficial del MINT había asistido a un restaurante nicaragüense que él frecuentaba. Fue un trabajo limpio, la Policía no obtuvo “pruebas” contra nadie.
* El autor es periodista.
