El doctor Carlos Tünnermann Bernheim, presidente de Ética y Transparencia —el principal organismo nacional de observación electoral—, acogió en términos generales el planteamiento del editorial de LA PRENSA del miércoles 20 de junio, “Medidas preventivas”, sobre la necesidad de evitar una nueva crisis del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Como es sabido, la crisis que a principios de junio paralizó al CSE durante dos semanas, se produjo al negarse los magistrados sandinistas a hacer quórum para impedir que los magistrados liberales inhibieran al doctor José Antonio Alvarado mientras el FSLN no obtuviera del gobierno ciertas concesiones que no fueron reveladas al público. De acuerdo con esa experiencia es fácil advertir que algo igual o peor podría ocurrir en noviembre próximo si alguno de los dos partidos que controlan el Poder Electoral, al sentirse derrotado, quisiera impedir que el CSE se reuniera para reconocer la validez de las elecciones y anunciar sus resultados.
En su carta a LA PRENSA que publicamos el sábado recién pasado, el doctor Tünnermann explicó que Ética y Transparencia hará el 4 de noviembre un conteo rápido e independiente de los votos, y que para eso ha contratado a un experto de renombre mundial en la materia, como es el canadiense Dr. Neil Nevitte. ¡Magnífico! En realidad, son los expertos electorales quienes mejor saben lo que se debe hacer en estos casos para evitar que se desvirtúe el voto popular e impedir que políticos irresponsables e inconformes con los resultados de las elecciones provoquen situaciones de violencia.
Sin embargo el Dr. Tünnermann no se refirió a nuestra sugerencia de reformar la Ley Electoral para impedir que por falta de quórum se vuelva a boicotear el funcionamiento del Consejo Supremo Electoral, sugerencia que sí fue acogida por el presidente Arnoldo Alemán y los diputados del PLC, quienes anunciaron que esta semana presentarán en la Asamblea Nacional la iniciativa de ley correspondiente. Por el contrario, el Dr. Tünnermann y otras personalidades democráticas independientes, han rechazado por medio de declaraciones a periodistas la mencionada propuesta de reforma a la Ley Electoral, algunos porque aseguran que lo que se necesita es una reforma fundamental pero ya no hay tiempo para hacerla, y otros porque consideran que no es aconsejable cambiar en el camino las reglas del proceso electoral. Iguales argumentos han esgrimido dirigentes del FSLN para oponerse también a una reforma a la Ley Electoral que impida seguir haciendo del quórum un candado político para permitir o impedir el funcionamiento del CSE.
La verdad es que una reforma puntual sobre el mecanismo del quórum en el CSE no cambiaría las reglas del juego electoral. Cambiarían las reglas una modificación, por ejemplo, del sistema de elección de los diputados, o del porcentaje de votos para elegir al Presidente de la República, o si se sustituyera ahora a los magistrados del CSE. Pero asegurar que el quórum no siga siendo instrumento de chantaje político de nadie, más bien reforzaría las reglas del juego electoral.
No hay que olvidar que en las elecciones de 1996, a pesar de que la ventaja del PLC sobre el FSLN era de 15 por ciento, los sandinistas provocaron un tremendo relajo, y sólo porque no pudieron, fue que no hicieron desembocar aquellas elecciones en una situación de violencia generalizada. Pero ahora que la diferencia entre quien gane las elecciones y el que quede en segundo lugar podría ser mínima, la paralización del CSE por falta de quórum al no querer los magistrados del partido perdedor aceptar los resultados de los comicios, podría degenerar fácilmente en una crisis de grandes proporciones y fatales consecuencias.
Ante semejantes perspectivas los partidos y personalidades democráticas no deberían oponerse a la propuesta de reformar la Ley Electoral. Sin dudas que lo mejor sería hacer una nueva ley electoral, auténticamente democrática e inclusiva, y poner en el CSE a personas que verdaderamente tengan idoneidad de magistrados. Pero ante la imposibilidad de hacerlo por ahora, es una insensatez permitir que el quórum del CSE siga siendo un medio de chantaje político en manos de partidos o personas dudosamente democráticas, irresponsables y extraviadas por la codicia de poder.
