Al pasar el Partido Conservador la prueba de verificación de las firmas de ciudadanos que la Ley Electoral exige para poder participar en las elecciones, quedó confirmado como el tercer partido (después del FSLN y el PLC) que tiene derecho a presentar candidatos en los comicios de este año.
A decir verdad, el Partido Conservador consiguió su pase no sólo porque presentó las 72 mil firmas válidas que exige la ley, ni únicamente porque fue favorecido con el arbitraje de Etica y Transparencia que ha dado credibilidad al proceso de verificación de las firmas, sino también y sobre todo porque la presión de la comunidad internacional fue determinante para disuadir cualquier intención de descalificarlo arbitrariamente.
Dicho sea de paso, es penoso que la comunidad internacional tenga que intervenir directa o indirectamente para que se respete el derecho de participación política de los ciudadanos y los partidos. Así como también es absurdo que un partido que obtuvo el 14 por ciento de los votos en las recientes elecciones municipales, tenga que presentar 72 mil firmas y “hacer de tripas corazón” para que le reconozcan su derecho a participar en la siguiente competencia electoral. Pero este requisito arbitrario y vergonzoso existe legalmente por la imposición del pacto libero-sandinista, que fue acordado precisamente para impedir que terceros partidos independientes compitieran con el PLC y el FSLN.
Sin embargo, está visto que el bipartidismo no se puede imponer por decreto. En los países donde sólo dos partidos acumulan la casi totalidad de los votos y se turnan en el ejercicio del poder —como Estados Unidos y Costa Rica, por ejemplo—, no es porque la ley le impida a otros partidos competir en las elecciones sino porque esa es la voluntad de los electores, de la misma manera que en otros países los ciudadanos por su propia voluntad distribuyen equitativamente sus votos entre tres o más partidos políticos.
De manera que el reconocimiento del derecho del Partido Conservador a participar en las elecciones debe considerarse como un logro democrático, no porque se hubiera aceptado específicamente a los conservadores —otros partidos, como el MUN y el PLD también tenían derecho de que se les reconociera legalmente para participar en las elecciones—, sino porque el pluralismo político efectivo es una condición esencial e indispensable de la democracia.
Para cualquier persona e institución consecuentemente democráticas, la defensa de la democracia de manera integral, en todos sus aspectos, es una obligación de principios que están colocados por encima de cualquier conveniencia material o interés político, a riesgo de afrontar las consecuencias negativas que sean. Como es el caso, sin dudas, de que la participación de un tercer partido independiente en las próximas elecciones podría facilitar el triunfo del FSLN, una eventualidad que representa un grave riesgo para la incipiente democracia nicaragüense.
En realidad, la democracia efectiva requiere que se garantice el pluralismo político y que se respete la libre competencia electoral entre diversos partidos, aún a riesgo de que alguno de naturaleza y antecedentes autoritarios pudiera tomar el poder y revertir las conquistas democráticas.
El régimen democrático se funda en el consenso electoral, o sea que cualquiera que sea el resultado de la voluntad popular mayoritaria expresada en elecciones libres y transparentes esta tiene que ser respetada. Sin embargo, la validez del consenso electoral depende a su vez del cumplimiento de otro presupuesto esencial de la democracia, cual es el de que cualquier partido que gane las elecciones tiene que respetar incondicionalmente los valores éticos y los principios políticos democráticos, tales como la libertad individual, los derechos humanos, la libertad religiosa, la integridad familiar, la economía de mercado, la libertad de expresión y de prensa, etc., etc. Precisamente por eso fue que los gobiernos de la Unión Europea impidieron que un político pro nazi austriaco, el señor Jörg Haider, subiera al poder el año pasado a pesar de que su partido ganó limpiamente las elecciones.
¿Sería necesario y posible que algo así ocurriera en Nicaragua? Quien sabe. Pero en todo caso los políticos y los ciudadanos nicaragüenses tienen la obligación de sopesar realistamente las consecuencias que podría provocar una decisión desacertada, y prevenirla antes de que sea demasiado tarde.
