Sergio J. Cuarezma Terá[email protected]
La crisis de la justicia se manifiesta en un proceso mundial de cambios y transformaciones de los sistemas políticos, el colapso de los regímenes socialistas, el nacimiento de un nuevo orden político (de carácter «unipolar»), la economía y las finanzas ocupan una importancia singular, con el fenómeno de la globalización. Esto obligó que el tema de la justicia, no podía analizarse en forma aislada de este proceso mundial y dejó de ser considerada sólo factor de desarrollo, para ser planteada como aspectos centrales de la misma política destinada a impulsar el desarrollo. Así, la justicia, que en su inicio se postulaba como un requisito esencial de la tutela de los Derechos Humanos, comienza a verse en estrecha relación con el desarrollo económico, como un presupuesto para garantizar la presencia de actores económicos y empresariales y promover las inversiones privadas. La importancia de la justicia pasa, de esta manera, del plano «local» al plano «global».
En la sociedad nicaragüense existe un elevado nivel de expectativas en torno a la actividad del Poder Judicial. Sin embargo, existe una tendencia en la administración de justicia a agotarse en sí misma, en sus problemas internos, aplicando poco esfuerzo al desarrollo del servicio propiamente dicho. De allí que, y a pesar de los esfuerzos apuntados, sus relaciones con la persona usuaria sean insatisfactorias. No hay que olvidar que el servicio a la persona constituye el propósito y fin de la justicia.
A pesar de la reforma -sería injusto no reconocer el avance en estos últimos años de la justicia-, persisten situaciones de carácter disfuncional que empañan o distorsionan el referido proceso y lo más grave, generan una comprobada desconfianza del usuario. La administración de justicia reproduce en su estructura y procesos, en su comportamiento, valores y relación con la sociedad, los desajustes del sistema político y su pérdida de dinamismo e incapacidad para dar adecuadas respuestas a las demandas emanadas de la sociedad civil.
La presencia excesiva de la «ratio política», es un factor que se yergue como un obstáculo fundamental para el desarrollo de una administración «real y eficiente», que acentúa los efectos negativos de la disfuncionalidad de la justicia y se manifiesta en que el funcionamiento de la administración de justicia se basará en la lealtad y la sumisión y no en el principio del mérito y el de la legalidad. Es natural que en este marco político el Poder Judicial no tenga las mejores condiciones de independencia interna y externa.
Este realismo, contrasta con la idea de que sin decisión política no es posible estructurar un Poder Judicial democrático, institución esencial del Estado de Derecho. Los jueces italianos de las «manos limpias», recuerda el profesor argentino Zaffaroni, no nacieron de una incubadora, sino de una estructura judicial democrática. Sin justicia independiente el Estado de Derecho se degrada a Estado de policía, con el consiguiente costo para la seguridad jurídica, porque esta última es condición para el desarrollo humano y económico.
El desafío mayúsculo es hacer que la administración de justicia se oriente, en consecuencia, a transformar las bases de legitimidad sobre las cuales funciona. Ello supone un cambio substancial en las relaciones con la sociedad, un «encuentro con la persona», diseñado dentro de una estrategia a largo plazo y dirigido fundamentalmente a producir un cambio en el comportamiento y en la estructura de pensamiento del operador judicial. Tal perspectiva constituiría un «cambio cultural y estratégico» de primera magnitud con respecto a los esfuerzos de reforma de la justicia emprendida en Nicaragua.
