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Nicaragua experimenta una especie de muerte silenciosa con el mal de la droga, el alcohol y las manifestaciones del lavado de activos en el país, según la Policía Nacional, mientras los funcionarios de distintas dependencias del Gobierno relucen su inoperancia e irresponsabilidad institucional frente a un mal que puede hacer convulsionar a la sociedad muy pronto.
No es correcto que ante la vista y paciencia del Gobierno se permita el tráfico de drogas en Nicaragua y no se apoye material y económicamente a las autoridades encargadas de combatir la narcoactividad.
La sociedad nicaragüense, además de sufrir por la pobreza, la falta de empleo, falta de acceso a la justicia y las secuelas de la corrupción gubernamental, se le suma otro flagelo: expansión de los expendios de drogas (cocaína, marihuana y crack).
No sólo las instituciones del Gobierno deben enfrentar al narcotráfico, sino que la sociedad civil también debe levantarse de su letargo y luchar por preservar la sanidad de los niños y jóvenes, quienes ya están siendo víctimas de la maldición de las drogas.
La sociedad debe exigir y presionar porque el Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas se ponga al frente de las acciones encaminadas a combatir las actividades provenientes del narcotráfico.
El ministro de Gobernación, el presidente de la Comisión Antidrogas de la Asamblea Nacional, el ministro de Salud, el ministro de Educación, el director del Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia, el procurador general de Justicia, el director general de la Policía Nacional, el ministro de Defensa, el jefe del Ejército de Nicaragua, el ministro de Relaciones Exteriores y el procurador de Derechos Humanos, por mandato de la ley, deberían estar trabajando en función de combatir todo lo relativo a las drogas.
Lo preocupante es que a estos funcionarios parece no importarles cómo el narcotráfico avanza sobre Nicaragua y prueba de esta irresponsabilidad es que desde hace año y medio no se reúnen para analizar el problema.
Otra irresponsabilidad gubernamental es la falta de creación de la Comisión de Análisis Financiero para evitar la realización en Nicaragua de actividades ilícitas relacionadas con el delito de tráfico ilegal de estupefacientes, sicotrópicos, sustancias controladas y otras actividades conexas.
Esta comisión es de vital importancia porque según el artículo 25 de la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y otras Sustancias Controladas; Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas, su función es estudiar las técnicas y métodos que se emplean para llevar a cabo operaciones bancarias, financieras y conexas que facilitan el lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico.
El problema es que el Gobierno no tiene interés en conformar estas estructuras para tener mayor control sobre actividades de los mafiosos del crimen organizado. Esto es grave para un país como el nuestro.
No permitamos que Nicaragua sea un paraíso de fiscal ni un caviar de criminales. No permitamos que destruyan a los niños, a los jóvenes y a nuestra economía.
