El control de precios jamás ha servido para evitar el encarecimiento de los productos. Eso es algo que está probado hasta la saciedad. Lo único que se logra con él es hacer más escaso el producto controlado y fortalecer el mercado negro. Eso, sin embargo, es lo que ha hecho la Asamblea Nacional al aprobar la Ley No. 374, que reforma la Ley No. 176, “Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares”.
La nueva ley, que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 16 de abril recién pasado, fija en un 16.66 por ciento la tasa de interés máxima que se puede cobrar en operaciones de crédito no bancario. Ese límite, por lo tanto, afecta el crédito que conceden las microfinancieras -como Fama, Ceprodel, Acodep, y Finde, entre otras-, a empresarios muy pequeños que no son sujetos de crédito de la banca comercial.
Las microfinancieras no captan recursos del público como sí lo hace la banca comercial, sino que obtienen sus fondos de operación de agencias de cooperación extranjeras y de líneas de crédito que negocian con organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Según representantes de las microfinancieras, el costo de los recursos que ellas manejan es casi del 16 por ciento, por lo que la tasa máxima que la Ley 374 fija, viene a constituir para ellas una especie de “tiro de gracia” que las forzaría a reducir la oferta de crédito o simplemente a desaparecer.
La intención de la ley aprobada por la Asamblea Nacional es buena, pero en la práctica tendrá un efecto perjudicial en los usuarios de ese tipo de crédito. Esto será así por lo siguiente: la tasa de interés no es más que el precio que paga una persona para poder hacer uso de un préstamo. Si la demanda de dinero es grande, y la oferta es limitada, el precio tiende a ser alto. Eso es lo que sucede con el crédito a los microempresarios. La Asamblea parece ignorar ese hecho económico real, y mediante una ley pretende fijar el precio del producto -en este caso dinero- para que el consumidor o usuario salga beneficiado. Eso equivale a fijar por ley el precio máximo de las papas, de los tomates o de cualquier otro producto, pretendiendo de esa manera que se vendan baratos aún cuando estén escasos.
Sabemos muy bien que eso no funciona. Las buenas intenciones por sí solas, y las leyes que contradicen las leyes económicas -como la probada y recontraprobada ley de la oferta y la demanda-, no sólo son ineficaces para controlar el alza del precio de cualquier producto, sino que, peor aún, producen el efecto contrario al deseado, haciéndolo más escaso y más caro. Conviene recordar la escasez de todo que hubo en Nicaragua en los años ochenta como consecuencia de la política de control de precios que estableció el sandinismo.
La única forma de hacer bajar el precio de un bien es aumentando la oferta. Eso es válido para cualquier producto, incluyendo el dinero. La prueba de esto la tenemos en el precio actual del café. El precio es bajo porque la oferta es superior a la demanda. Así de sencillo.
¿Qué es entonces lo más probable que sucederá con el crédito a los microempresarios? Si las instituciones que canalizan préstamos a ese sector desaparecen o restringen la oferta, y la demanda continúa igual, lo que sucederá es que el dinero para préstamos de ese tipo se hará más escaso y se aumentará la presión para que el precio suba. Los prestatarios que no logren obtener créditos a tasas controladas no tendrán otra opción más que recurrir al mercado negro que sin lugar a dudas se desarrollará, ya que cuando existe una demanda siempre habrá alguien que esté dispuesto a suplirla. Quienes lo hagan serán acusados de usureros, pero aún así siempre encontrarán la forma de hacer su negocio, y los perjudicados, en última instancia, serán los microempresarios.
Si es cierto que las microfinancieras están trabajando con altos márgenes de utilidad la solución no está en fijarles controles de precios, sino en promover el establecimiento de otras que le hagan competencia a las existentes.
