El reportaje de LA PRENSA sobre el problema de la droga en Nicaragua, que publicamos en nuestras ediciones del domingo 13 y lunes 14 de mayo, demuestra explícitamente el estado de indefensión en que se encuentra la sociedad, particularmente los niños y los jóvenes, ante los embates de la drogadicción y la narcoactividad.
Si nos atuviéramos a lo que dice la Ley No. 285 (“Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas; Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas”), en Nicaragua ya se debería de haber liquidado el problema de las drogas. Pero en la práctica no se cumple lo que manda dicha ley, pues ni siquiera se reúnen los ministros y funcionarios de rango superior, incluyendo a los jefes de la Policía y del Ejército, que forman parte del Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas; y mucho menos que actúen los consejos regionales y departamentales que de acuerdo a ley deberían funcionar en todo el país encabezados por los gobernadores y alcaldes.
Por otra parte, tal como se informó en el mencionado reportaje de LA PRENSA, el 67,6% de los consumidores de droga (incluyendo bebidas alcohólicas y cigarrillos), son niños de 10 a 14 años de edad y un 30% son jóvenes de 15 a 19 años. Y lo más grave del caso es que institucionalmente no hay un combate efectivo contra la droga, porque según las mismas autoridades los organismos involucrados ni siquiera se entienden ni se coordinan entre ellos, y porque la vulnerabilidad del sistema judicial permite un amplio espacio de impunidad a los narcodelincuentes de toda clase.
En todo caso, los ciudadanos no deben esperar con los brazos cruzados que las autoridades resuelvan el grave problema de las drogas. Este es un problema que atenta fundamentalmente contra los menores de edad y los jóvenes, o sea contra las familias. Los niños, adolescentes y jóvenes son los más amenazados y atacados por la drogadicción. Esta realidad debe motivar a las madres y padres de familia a colocarse en la primera fila del combate contra la droga, independientemente de lo que hagan o más bien de lo que no hagan las instituciones gubernamentales.
Barry McCaffrey, ex jefe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de los Estados Unidos, explicó el año pasado (en un discurso que pronunció en Buenos Aires, Argentina) que “la herramienta más importante de que disponemos en la lucha contra el consumo de drogas no es una placa policial ni un arma: es la mesa familiar. Los padres pueden impedir el consumo de drogas si se sientan a esa mesa con sus hijos y les hablan, con franqueza y abiertamente, de los peligros que representan las drogas para sus vidas y sus sueños”. Esta oportuna y acertada recomendación de McCaffrey se basa en el hecho comprobado de que los niños y jóvenes de hogares en los que no hay comunicación o están quebrantados por las desavenencias domésticas, son los que más fácilmente caen en la drogadicción o tienen mayor riesgo de convertirse en consumidores de cualquier clase de drogas.
En realidad, según estudios hechos por entidades de mucha credibilidad, como la Universidad de Columbia por ejemplo, la droga atrapa más fácilmente a los niños y jóvenes de hogares en los que no hay relaciones familiares estables, independientemente de su nivel socioeconómico. Eso se refiere a Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto, pero los estándares de consumo de droga entre menores de edad y jóvenes son prácticamente iguales en todas partes del mundo.
En todo caso, las madres y padres de familia son los más interesados en impedir que sus hijos sean atrapados por la drogadicción. Y como dice McCaffrey, lo primero que deben hacer es discutir el problema con los hijos, alrededor de la mesa familiar, sin perjuicio de que también deben involucrarse activamente en la lucha global contra las drogas, y en primer lugar exigir que se aplique la prohibición de la venta de tabaco y alcohol a menores de edad porque es allí donde comienza el viaje generalmente sin regreso hacia la drogadicción y la delincuencia.
