El gabinete gubernamental de seguridad se reunirá el miércoles de esta semana en el poblado de Siuna, localizado en el centro del Triángulo Minero de Nicaragua. Según las autoridades correspondientes, el propósito de reunir allí al gabinete de seguridad junto con el Presidente de la República y con la presencia del jefe de la misión permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua, es demostrar la presencia del Estado y el Gobierno en esa alejada y empobrecida zona del país, y al mismo tiempo manifestar a su angustiada e indefensa población el respaldo institucional, mediante la aprobación y puesta en marcha de una estrategia global de combate contra la delincuencia armada y de erradicación de la violencia.
Como es sabido, el Triángulo Minero (que está integrado por los municipios y poblaciones de Siuna, Bonanza y Rosita, antiguos emporios mineros de Nicaragua que ahora están agotados), es una de las zonas más pobres y abandonadas del país, y además –pero también por eso mismo– se ha convertido en un reducto de toda clase de delincuentes, particularmente de bandidos que supuestamente pertenecieron al grupo armado irregular pro sandinista Frente Unido Andrés Castro (FUAC), que se desmovilizó en diciembre de 1997 tras un acuerdo con el Gobierno.
Miembros de esas bandas armadas que dicen pertenecer todavía al FUAC y cuentan con la notoria simpatía de algunos medios de comunicación y activistas de derechos humanos, se atribuyen motivaciones socioeconómicas y políticas para justificar sus fechorías, pero la verdad es que son delincuentes comunes que cometen crímenes horrendos y absolutamente injustificables, como el asesinato por decapitación de toda una familia, en las cercanías de Siuna, el 19 de abril recién pasado.
Es indudable que la pobreza extrema es una de las causas principales de la delincuencia, aquí y en todas partes del mundo. Además, cualquiera sabe que la violencia y la delincuencia no es posible erradicarlas sólo con represión, sino que también se deben aplicar medidas económicas, sociales, culturales e institucionales, para levantar el nivel de vida de la población, promover la participación ciudadana y fortalecer las instituciones democráticas y administrativas del Estado y el Gobierno. En esto tienen razón los funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, quienes al regresar de una visita a Siuna, el viernes recién pasado, declararon que el trasfondo y causa de la violencia que azota al Triángulo Minero son el atraso, la pobreza y el abandono gubernamental.
Pero eso no debe ser motivo para justificar, ni siquiera indirectamente, a los bandidos armados que cometen asesinatos sádicos y atroces contra la población civil pacífica e inerme, incluyendo a niños de corta edad. En efecto: ¿Qué tienen que ver la pobreza, el desempleo, la falta de financiamiento a productores agrícolas y el supuesto incumplimiento de compromisos del Gobierno con el FUAC, con el asesinato a balazos y machetazos, y por decapitación, de familias enteras, incluyendo a niños de menor edad?
También es contradictoria e inconsistente la posición de la Procuraduría de Derechos Humanos al señalar como conclusión de su visita de un par de días a Siuna, que por la inseguridad reinante el Gobierno no debería reunir allí su gabinete de seguridad y que las elecciones deberían ser suspendidas en esa zona. ¡Pero si lo que se debe hacer es precisamente lo contrario! Es decir, que si la causa principal de la violencia en Siuna y todo el Triángulo Minero es el abandono gubernamental, pues nada mejor que el propio Gobierno se presente allí para demostrar su interés real en la gente, y para afirmar su presencia institucional en una zona en la que prolifera la delincuencia precisamente porque los bandidos se consideran impunes al saber que hay allí un vacío institucional y de poder.
En ese sentido es más razonable y coherente la posición del jefe del Ejército, quien el mismo viernes señaló que los bandidos del Triángulo Minero son criminales comunes y que como tal deben ser combatidos, sin perjuicio de que al mismo tiempo hay que atacar también la pobreza y el atraso socioeconómico y cultural, y superar el abandono gubernamental, que en conjunto son el caldo de cultivo de la violencia y la criminalidad.
