Los vendedores ambulantes de discos y casetes de sonido tienen, sin dudas de ninguna clase, derecho a ganarse la vida de manera lícita y honrada. Sin embargo, aunque los caseteros no son los verdaderos piratas que hacen un lucrativo negocio copiando y reproduciendo ilegalmente creaciones e interpretaciones ajenas, lo cierto es que la venta de copias ilegales los hace cómplices de los piratas y perjudican los intereses patrimoniales de los compositores, intérpretes, productores y distribuidores legalmente establecidos.
En realidad, los compositores e intérpretes, así como los productores y distribuidores de grabaciones musicales y en general todos los dueños y representantes legales de la propiedad intelectual, hacen lo correcto al exigir que se aplique la Ley de Derechos de Autor y se ponga fin a la piratería. Y deben ser apoyados por toda la sociedad, no sólo por las autoridades y las instituciones.
Pero la lucha contra la piratería no es fácil. Ante todo porque en la sociedad no hay suficiente comprensión social de los derechos de autor, inclusive en los medios de comunicación que tienden a simpatizar con los piratas y con los expendedores de productos pirateados, y los defienden, puesto que una de las características principales del subdesarrollo es precisamente el menosprecio a la legalidad y al derecho ajeno, y el culto a la marginalidad.
La piratería es inclusive ideologizada por sectores neoizquierdistas. Estos argumentan que la defensa de la propiedad intelectual es sólo del interés de las compañías multinacionales, contra las que según ellos es correcto luchar con todos los medios, aunque sean ilícitos, como la piratería, y perjudiquen en realidad no tanto a las grandes compañías productoras y distribuidoras como también y sobre todo a los artistas, compositores y pequeños productores de discos y casetes de sonido y video.
También dificulta la lucha contra la piratería el hecho de que mucha gente prefiere adquirir los productos pirateados porque sus precios son menores, sin considerar que la mala calidad y la poca duración de las copias ilegales a la larga hacen que éstas resulten mucho más caras.
Finalmente, la defensa de los derechos de autor y de propiedad intelectual es presentada ante la opinión pública como si fuese una acción egoísta enfilada contra los humildes vendedores ambulantes que se ganan la vida vendiendo los productos pirateados; mientras que la defensa de la piratería se muestra como si fuera una justa lucha antiglobalización, como una resistencia al dictado de las gigantescas compañías multinacionales de la industria y distribución de los productos musicales e intelectuales en general.
Sin embargo, lo cierto es que esta moderna piratería significa un ataque directo contra las personas que viven de su talento, de su intelecto y de su trabajo honrado, como son los compositores e intérpretes, los programadores y editores, los productores y distribuidores legalmente establecidos. Y apropiarse de la obra y del derecho intelectual de alguien sin pagar su precio justo, es peor que negarse a pagar su salario a cualquier trabajador, empleado o funcionario.
Hasta ahora ha sido más fácil apropiarse abusivamente del producto del trabajo intelectual ajeno (escribir, programar, ilustrar, componer e interpretar música, editar y corregir textos, etc.), que robar productos materiales. Sin embargo, copiar, producir y vender ilegalmente una canción, una película o un programa de computación, es lo mismo que robar en cualquier tienda, por ejemplo, un aparato electrodoméstico. Y por lo tanto, los culpables de ambos delitos deben ser igualmente perseguidos por la ley y castigados por la justicia. Así lo establece la Ley de Derechos de Autor, que debe ser aplicada con todo rigor tal como lo demandan los compositores e intérpretes, los productores y distribuidores legales de productos musicales.
Con respecto a los caseteros, la verdad es que tuvieron suficiente tiempo desde que se aprobó la Ley de Derechos de Derechos de Autor para buscar otra forma —honrada— de ganarse la vida. El problema del desempleo no se puede resolver autorizando ni tolerando actividades que más que informales son ilegales. Los caseteros tienen que buscar otra ocupación para conseguir honradamente el sustento propio y de sus familias, y el gobierno debe ayudarlos en lo que corresponda.
