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La vorágine de Nicaragua con la particularidad de las próximas elecciones en noviembre, provoca que los gobernantes dejen muchas cosas pendientes: castigo a la corrupción, un nuevo Código Penal y un nuevo Código Procesal Penal, el nombramiento del Fiscal General y del Fiscal Adjunto, una ley de lo Contencioso Administrativo sin quien la aplique, un Poder Judicial cuestionado y una mutilación de la independencia de las instituciones del Estado.
El Gobierno que preside el doctor Arnoldo Alemán y su mejor aliado, el Frente Sandinista, dejan un mal sabor en el ámbito de la gobernabilidad: derroche del erario público y un debilitamiento de la democracia. Ambos partidos han actuado en los últimos años menospreciando problemas verdaderos de la gente y a personas valiosas que tienen la sana intención de sacar adelante a Nicaragua.
El mandatario se irá pronto, pero deja muchas cosas “amarradas” para futuro con su aliado el Frente Sandinista. Una de esas cosas son los nombramientos del Fiscal General y el Adjunto. En este tema probablemente habrá sorpresas y las cosas saldrán por donde menos se esperan. Así como manejan los hilos políticos el doctor Alemán y el ex presidente Daniel Ortega, quizás no sea fiscal general el doctor Julio Centeno ni sea fiscal adjunta María Lourdes Bolaños, o quizás sí. Nadie está seguro. Además, están manoseando los proyectos de ley a su conveniencia lo que de pronto sería muy peligroso no sólo para los gobernantes, sino para la misma ciudadanía, que se vería afectada en determinado momento en sus derechos.
Otro problema serio es que el presidente nombre al nuevo jefe de la Policía Nacional por conveniencias políticas y personales, y no por verdaderos méritos técnicos, profesionales y de capacidad para enfrentar al crimen y tratar de brindar mayor seguridad a la ciudadanía.
El tiempo se acabó y tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han iniciado una carrera por empacar maletas y ver cómo salen de este gobierno. En medio de esta dinámica muchas cosas quedarán pendientes, otras están desordenadas y las priorizadas por ellos, se harán justo a su manera.
Lamentablemente uno de los flagelos que más daño causa a Nicaragua es la corrupción que se ha institucionalizado a grandes escalas. A pesar del gran esfuerzo de los medios de comunicación por denunciar y demostrar la corrupción de varios funcionarios de gobierno, ninguno está en la cárcel. Las dos fuerzas políticas (liberales y sandinistas) se apañaron para no permitir que su gente fuera sentada en el banquillo de los acusados. Pero sí tuvieron la voluntad de quitarse de encima a quienes los molestaban.
Nicaragua sólo puede salir adelante en la medida que se trabaje en función de la transparencia en la administración pública, que exista eficiencia en las instituciones de servicios público, que se eliminen los gastos discrecionales y prebendas de los funcionarios de gobierno, velar por una adecuada gobernabilidad que pasa por el respeto a la ley y una verdadera independencia del Poder Judicial.
