En los dos últimos meses la Asamblea Nacional ha aprobado, por unanimidad, dos leyes que atentan contra el sistema democrático y de libertades que, con algunos altibajos, se ha venido construyendo en Nicaragua desde 1990.
La primera es la llamada “Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua”, que fue aprobada el 6 de marzo. Mediante esa legislación se pretende despojar a la ciudadanía en general de la libertad de expresión que la Constitución Política le garantiza en varios de sus artículos. La segunda es la “Ley de Suspensión de los Juicios y Ejecuciones de Sentencias por Deudas Contraídas por los Productores de Café de Nicaragua”, que fue aprobada el 30 de abril. Esa legislación viola la libertad de empresa y de contratación.
Llama la atención el hecho que ambas leyes fueron aprobadas sin que un solo diputado de ningún partido político se opusiera. La explicación de este fenómeno puede encontrarse en parte en la inveterada costumbre que tienen muchos diputados de no leer y estudiar el contenido de las legislaciones por las que tienen que votar, limitándose a seguir “la consigna” de su bancada. Sin embargo, en estos dos casos influye también, sin duda alguna, el hecho de estar en un año electoral.
El político, en cualquier parte del mundo, tiende a congraciarse con aquellas personas y grupos que considera que tienen el poder suficiente para favorecerlos o perjudicarlos. Y los diputados ante la Asamblea Nacional son políticos, lo que hace que ese comportamiento no sea anormal. Pero también, además de ser políticos, están investidos por los ciudadanos de una grave autoridad para elaborar leyes que promuevan el bienestar general, debiendo, por lo tanto, abstenerse de legislar para favorecer a determinados grupos o personas, especialmente cuando en el proceso se causa un perjuicio a la sociedad en general. Y eso es precisamente lo que los honorables diputados han hecho al aprobar las dos leyes referidas.
El secretario mismo de la Asamblea Nacional, Dr. Pedro Joaquín Ríos, al ser consultado a finales del año pasado sobre la Ley de Colegiación, dijo que había que considerarla porque si no “quién aguanta a los periodistas” sugiriendo prácticamente, y de manera irrespetuosa, que había que darle algo a los miembros del gremio para calmarlos y no tenerlos en contra.
En el caso de la ley que tiene que ver con los cafetaleros, los diputados actuaron también de manera irresponsable, tratando de congraciarse con los productores, y sin considerar el daño que de su actuación se deriva para la sociedad en general. Lo que de hecho hizo la Asamblea Nacional fue usar indebidamente el poder del Estado para alterar y modificar los contratos que libremente suscribieron los caficultores con el Sistema Financiero Nacional, y favorecer, en el proceso, a una parte en perjuicio de la otra. Sin embargo, los cafetaleros se han percatado que al final de cuentas ni ellos mismos se benefician con esa legislación aprobada apresuradamente, razón por la cual, una buena parte de ellos mismos es quien pide que sea vetada.
Cuando un órgano del Estado actúa como lo ha hecho la Asamblea Nacional, lo que hace es sentar un precedente que resulta fatal para atraer la inversión nacional y extranjera. Toda inversión está basada en contratos suscritos libre y voluntariamente por agentes privados o públicos que actúan de conformidad con la legislación existente. Las partes involucradas contratan precisamente para saber cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de ellas. En otras palabras, contratan para saber a qué atenerse. Ningún tercero tiene derecho a alterar, modificar o anular esos contratos. El Poder Judicial debe actuar solamente para dirimir cualquier controversia entre las partes. Pero en este caso, el mensaje que la Asamblea Nacional le está enviando a los inversionistas nacionales y extranjeros es que los contratos en Nicaragua pueden ser modificados por el Estado, algo a todas luces indebido y perjudicial.
El gremio cafetalero está en un serio problema, no cabe duda. Pero cualquier solución en la que participe el Gobierno no puede ni debe darse violando el derecho de terceros, que es lo que precisamente hace la ley referida.
