El Consejo Supremo Electoral (CSE) dictó en abril recién pasado el reglamento de observación de las elecciones de noviembre de este año. Por su parte el Canciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, ha instado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a comenzar cuanto antes la observación del proceso electoral.
La observación electoral (tanto internacional como de organizaciones no gubernamentales), ha devenido en parte sustancial de los procesos electorales, en muchas partes del mundo. Su propósito fundamental es infundir confianza a los participantes (activos y pasivos) en las elecciones por medio de, primero, verificar de manera objetiva e imparcial el respeto al derecho de participación política de los ciudadanos; segundo, disuadir cualquier irregularidad durante el proceso electoral o intento de fraude el día de las elecciones, y denunciarlos en el caso de que ocurran; y, tercero, ofrecer a los participantes en las elecciones el apoyo moral, jurídico y técnico que fuese necesario y posible de acuerdo con la legislación del país que pide y acepta la observación electoral.
La observación electoral se funda en el principio de que una elección auténticamente libre y democrática es aquella en la que los ciudadanos pueden recibir toda la información posible y necesaria sobre los candidatos (o sea, que haya una irrestricta libertad de expresión y de información); que no se presione ni intimide a la población ni a los votantes; que se respete el derecho de organización política y, por lo tanto, que se aseguren las condiciones apropiadas para ejercerlo libremente; que se cuenten los votos con honestidad y transparencia, en presencia de fiscales de los partidos políticos y los candidatos; y que los ganadores de las elecciones puedan asumir sus funciones en los períodos establecidos por la ley, sin obstáculos ni contratiempos de ninguna clase.
Por obvias razones la observación —sobre todo internacional— en las elecciones nacionales del próximo 4 de noviembre podría ser tan importante como la que hubo en las elecciones del 25 de febrero de 1990, cuando el FSLN perdió ante la Unión Nacional Opositora (UNO). Ahora igual que en aquella oportunidad de hace 11 años, hay suficientes razones para temer que el proceso electoral podría desembocar en una crisis política e institucional de imprevisibles consecuencias.
Hace unos días, el 28 de abril recién pasado, en un artículo de opinión publicado en LA PRENSA el Dr. Emilio Alvarez Montalván preguntaba: “¿habrán los caudillos previsto una salida constitucional, si se enredasen las elecciones de noviembre? Debe recordarse que se necesitan cinco magistrados del CSE para formar quórum y si el FSLN alega fraude porque quedó muy cerca del ganador y monta asonadas violentas, no habría sentencia”.
La pregunta del connotado analista no ha tenido respuesta y la incertidumbre flota en el ambiente político, debido a la preocupante polarización que se está creando y al recuerdo de las intimidantes manifestaciones callejeras del año pasado, ante las vacilaciones del CSE en anunciar algunos resultados particularmente importantes de las elecciones municipales. Y una situación como la del año pasado podría ser peor ahora que algunos partidos han creado o están creando “comandos y contracomandos electorales”, formados por antiguos miembros de organismos represivos y ex combatientes de la última guerra civil.
En este escenario, la presencia de los observadores internacionales podría ser decisiva para apaciguar los ánimos, disuadir inclinaciones a la violencia e impedir que la campaña electoral desemboque en ingratas consecuencias.
Pero apaciguar no se debe entender como apañar nada ni a nadie. Decimos esto pensando en la OEA, cuya ambigüedad en las elecciones peruanas del año pasado complicó gravemente la situación de ese país sudamericano, cuando los representantes gubernamentales en el organismo hemisférico hicieron a un lado el informe que presentó el mismo equipo observador de la OEA sobre el fraude fujimorista. Y pensamos también en la experiencia de 1990 en Nicaragua, cuando la OEA y la ONU fueron severamente criticadas porque supuestamente permitieron que los sandinistas modificaran el resultado de las elecciones parlamentarias, en la fase de “recuento” de votos, a fin de que la UNO no obtuviera una mayoría legislativa suficiente para promover reformas democráticas fundamentales.
