Sergio Cuarezma
América latina pasa por un momento de transnacionalización de sus Estados y cada vez son más dependientes. Mediante estos procesos, señala el politólogo Andrés Pérez Baltodano, el Estado transfiere importantes cuotas de poder a los centros transnacionales alrededor de los cuales se organiza la globalización, adquiriendo niveles de inmunidad ante las sociedades de estos Estados. Todo ello deteriora los poderes nacionales o bien, anula todo intento de construcción de un Estado originado del consenso contractual de la sociedad. La pérdida del poder de los Estados es parte de la globalización, reduce a los actores nacionales a la impotencia frente a los problemas reales que se plantean en sus comunidades.
La pérdida de poder local, crea normas y valores determinados por la racionalidad e intereses del poder transnacional que condicionan a los Estados nacionales debilitados e inducen a las sociedades a aceptarlos como parte del progreso. Hoy, por ejemplo, desde un centro académico de E.U., se determinan los parámetros del modelo de justicia procesal que Nicaragua deberá tener, para ingresar al «club» de los modernos. La «maldición de malinche», se encarga del resto. El Proyecto de Código Procesal Penal, que se discute «discretamente» en la Asamblea Nacional, es una prueba de la tansnacionalidad e inmaterialidad del poder globalizado, que afecta la consolidación del Estado de Derecho.
Así el concepto de policía que plantea el Proyecto, es de una policía fundamentada en elementos que provienen del siglo XIX y a veces del siglo XVIII, que nada tiene que ver con la Policía profesional y constitucional vigente. Este documento le confiere a la Policía facultades que conspiran contra la persona con la finalidad de «mantener todo en orden». Para los proyectistas transnacionales, la Policía podrá prescindir del juez, podrá «emitir orden de detención», hacer «requisas personales», realizar «inspecciones e investigación corporal» y «registrar vehículos» sin orden judicial, sin consentimiento de la persona, siempre que haya «sospecha grave y urgencia». Según esta propuesta, la Policía retornará a la vieja concepción del siglo XIX, cuando esta nace como institución de carácter urbano para cuidar, según el profesor argentino Zaffaroni, la enorme concentración de riqueza y cuidar la «concentración» de la miseria. Los proyectistas «prevén» que la vida urbana del siglo XXI, más que vida, como dice el profesor Elbert, será una pesadilla insufrible: mayores zonas marginales, personas sin documentación ni trabajo estable, pagando salteado sus alquileres y servicios. Esta situación, como expresa Elbert, hace más fácil que nunca criminalizar a los excluidos, tanto en el plano individual como familiar o colectivo. Dada la evidente procedencia social de los protagonistas sociales, la selección de sospechosos y diferentes resulta extremadamente obvia y los grupos considerados peligrosos pueden ser seleccionados con sólo observar las multitudes por las calles. Están apostando a una policía diseñada para cuidar la libre circulación de bienes y capitales, una policía comprometida para luchar contra problemas ajenos (la migración), una policía no como «medio», sino como «fin». En un proceso, como el que vive el país, que se sintetiza como «menos Estado y más iniciativa privada», no pasará mucho tiempo cuando podamos ver a la Policía coordinando esfuerzos con cuerpos de seguridad privada en la lucha contra el delito, y a las personas siendo detenidas por «policías privados» (parapolicías). Esto nos da la sensación, como dice Zaffaroni, de que todo está al revés y de alguna manera parece que así es, conforme a nuestras pautas todo parece estar al revés, es decir, como dijo Galeano, si Alicia volviera hoy no tendría necesidad de mirar al espejo sino que le bastaría con asomarse a la ventana.
