Según el reportaje que publicamos ayer sobre Mulukukú, los violentos y trágicos acontecimientos que ocurrieron allí el martes pasado fueron causados por el incumplimiento de la promesa de campaña electoral del Presidente Arnoldo Alemán, en 1996, de que le otorgaría rango municipal.
Las protestas violentas como la de Mulukukú, que causó la muerte de un agente de la Policía Nacional, no se pueden justificar de ninguna manera. La violencia es criminal e injustificable venga de donde venga y cualquiera que sea el motivo que la provoque. Ni siquiera se puede entender que por un asunto como la municipalización de Mulukukú, se llegue a los extremos de obstaculizar por la fuerza la libre circulación e inclusive se asesine a un policía que sólo trataba de cumplir con su deber de despejar la vía pública.
¿Qué se debería hacer, entonces, para evitar que sigan ocurriendo estas protestas desmesuradas que causan derramamiento de sangre?
Es importante reflexionar sobre la explicación de los trágicos acontecimientos del martes recién pasado, que dio a LA PRENSA el señor Lino Ramón Vásquez, presidente de la comisión pro municipalización de Mulukukú: “Existe —dijo— un cansancio de las mentiras que siempre les han hecho”, “la gente de aquí piensa que sólo quieren nuestros votos y después se vuelven a olvidar de la promesa. De eso ya estamos cansados todos”. Y al respecto hay que recordar que el incumplimiento de otra promesa electoral —pero no del Presidente Arnoldo Alemán sino del alcalde sandinista de Managua, Herty Lewites—, causó a principios de este mismo mes de abril un choque violento entre activistas del FSLN que protegían la sede de la Alcaldía capitalina, y manifestantes que reclamaban cumplimiento de la promesa de titulación gratuita en los asentamientos espontáneos.
Como es sabido, la titulación de propiedades en los asentamientos ilegales fue la principal promesa de campaña electoral que hizo el alcalde sandinista de Managua, Herty Lewites. Pero ahora se dice que la titulación será limitada, porque se necesitan unos 400 millones de dólares para titular a todos los asentamientos ilegales que son 271, con 46 mil viviendas y unos 300 mil habitantes, según datos publicados por LA PRENSA el sábado 7 de abril corriente.
Una importante lección que se desprende de estos acontecimientos es la de que los líderes políticos deberían ser más responsables con lo que prometen durante las campañas electorales. Si bien es cierto que en todas partes del mundo los políticos prometen lo que por diversas razones muchas veces no cumplen, no se debe perder de vista que en un país como Nicaragua, que aún no supera las secuelas bélicas y permanece atrapado en la mentalidad de posguerra; donde, además, los problemas socio-económicos aumentan y se agravan en vez de resolverse, es temerario prometer cualquier cosa para conseguir votos y después olvidarse de lo prometido y provocar así la frustración y el enojo de la gente engañada.
El fortalecimiento de la democracia requiere también que los candidatos sean más responsables, que se ajusten a un código de ética que excluya la difamación entre ellos mismos pero que también los obligue a ser moderados y realistas en sus promesas, así como a respetar la palabra empeñada ante sus propios electores.
Es obvio, sin embargo, que de motu proprio los políticos no dejarán de hacer promesas falsas para conseguir votos a como sea. Y por lo tanto aumentará la cantidad de personas engañadas y enojadas, muchas de los cuales no se limitarán a abstenerse en las siguientes elecciones y querrán reclamar el cumplimiento de las promesas, inclusive de manera violenta.
Para proteger a los ciudadanos contra las falsas promesas de los candidatos habría que aprobar y aplicar una ley que castigue severamente a los políticos mentirosos e irresponsables. No importa que por ahora sea prácticamente imposible que se apruebe una ley de tal naturaleza, porque quienes tendrían que dictarla son los mismos políticos actuales en su papel de diputados, y esperar que lo hagan es como pedirle peras al olmo. Pero es muy importante comenzar a hacer conciencia sobre la necesidad de obligar a los políticos-candidatos a que paguen de alguna manera por sus promesas incumplidas.
