Marvin Aguilar García*
Al comenzar en nuestro país el proceso de creación de un nuevo Código Procesal Penal, instrumento necesario para la efectiva persecución, sanción y rehabilitación de delincuentes, se inicia también un proceso de discusión de la propuesta legal y sería bueno que la ruta del diálogo de las diferentes visiones se enfocara al fin legítimo que aspiramos todos.
Si se quiere hacer una discusión válida de la propuesta de anteproyecto de borrador de Código Procesal Penal, hay que partir de los siguientes hechos: en agosto de 1999, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de Justicia y la Policía Nacional integraron un órgano rector, coordinador e impulsor de la reforma penal en el país. Esta entidad denominada Comisión de Alto Nivel acordó solicitar al proyecto de reforma y remodernización normativa CAJ/FIU-USAID la elaboración de un borrador consensuado entre los diferentes organismos que conforman tal comisión.
Fue así como dio inicio el proceso de elaboración de la propuesta de borrador, cuya primera fuente fue el reciente Código Procesal Penal de Venezuela, aprobado en 1998, por derivarse del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988 y ser, en tal sentido una de las expresiones más actualizadas -juntamente con el de la hermana República de Honduras-, del desarrollo de dicho modelo que ha servido de base a la mayoría de países latinoamericanos en las dos décadas pasadas. Con este punto de partida, se iniciaron las reuniones de trabajo de la comisión redactora, en la que participaron representantes de los órganos que integran la Comisión de Alto Nivel y técnicos del Proyecto de Reforma y Modernización Normativa de la Universidad Internacional de la Florida.
Además de magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Procuraduría General de Justicia, de la Policía Nacional, la Defensoría Pública y diputados de la Asamblea Nacional participaron junto a asesores de otros proyectos internacionales que apoyan el fortalecimiento de la justicia en Nicaragua, partiendo de los lineamientos generales para la reforma penal planteados por la Comisión de Justicia, luego de un seminario de análisis sobre el estado actual de la reforma procesal penal en Iberoamérica, realizado en junio 2000, en el que participaron importantes y reconocidos impulsores de la misma.
A continuación, y durante tres reuniones distintas, se convocó a procesalistas de gran reconocimiento internacional, como Juan-Luis Gómez Colomer (español) y Daniel González Alvarez (Costa Rica), con los miembros de la comisión redactora, ampliada con la participación de juristas nacionales como Víctor Manuel Ordóñez Bermúdez, Alvaro Ramírez González y María Asunción Moreno Castillo. El trabajo de esta comisión fue presentado en la casi totalidad de departamentos del país a abogados y operadores del sector, en un esfuerzo impulsado por la Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua. En esta actividad participaron unos 500 profesionales en Derecho y estudiantes de la carrera.
Importantes puntos de vista de los participantes en dichos eventos, así como los de los estudiantes de Derecho de la UNAN y la UNIVAL de León y los de los estudiantes de la maestría de Derecho Penal y Procesal Penal de la UCA fueron considerados en los sucesivos borradores de perfeccionamiento hasta que el 22 de septiembre se presentó el trabajo a la Corte Suprema de Justicia, tal como estaba convenido por la Comisión de Alto Nivel, para que una vez aprobado por la Sala Penal pasara a la Corte en pleno.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha concluido su trabajo de conocimiento y discusión del borrador y con sus indicaciones, aportes y consideraciones lo ha aprobado. Importantes discusiones se efectuaron al respecto de los temas de la mediación, la negociación y el criterio de oportunidad, los jurados, la coordinación entre policía y fiscales, la oralidad, la publicidad, la inmediación, entre otros, los cuales fueron estudiados detenidamente y por acuerdo de todos los magistrados asistentes a las reuniones, con las correcciones y modificaciones que se consideraron pertinentes, aceptados como figuras necesarias para el buen funcionamiento de la justicia en nuestro país.
Como puede inferirse de lo planteado y puede probarlo cualquiera que de buena fe y voluntad compare la legislación procesal penal propuesta para Nicaragua, ésta no es copia de ningún sistema o código ni español ni anglosajón (que por cierto allí no hay códigos como algunos han querido sorprender). Se trata de un proyecto auténtico, original y de avanzada, elaborado por nacionales con la cooperación internacional. No se trata de imposición alguna. ¿Perfectible? ¡Claro! Como toda propuesta humana y eso es lo que esperamos en el proceso de consulta que se aproxima.
La discusión debe ser técnica, profesional, basada en hechos, realidades, teorías, experiencias, sistemas penales, doctrinas, legislación comparada. Desde luego, es natural, habrá quienes discutan en defensa de intereses particulares, desde visiones que niegan el cambio o están bien y cómodos con la situación actual de la justicia. Otros buscarán argumentos falsos para detener el progreso, así ha ocurrido siempre en este país y en todo el mundo. Pero al final, más temprano que tarde, los cambios ocurren.
*El autor es presidente de la Sala Penal de la CSJ.
