Los partidos Liberal Constitucionalista y Conservador no pudieron –o no quisieron- ponerse de acuerdo en formar una alianza para enfrentar unidos al sandinismo en las próximas elecciones y de esa manera han fortalecido las posibilidades del FSLN de ganar los comicios presidenciales del 4 de noviembre.
No cabe ninguna duda que las reformas a la Ley Electoral que demandó el Partido Conservador como condición indispensable para acordar la alianza, son justas y necesarias. En realidad lo que más conviene a la democracia es que haya una competencia pluralista por el poder y que varios partidos balanceen la correlación política en la Asamblea Nacional. Pero lo fundamental ahora es garantizar la continuidad del proceso democrático, aparte de que es muy difícil reformar la Ley Electoral antes de las elecciones de noviembre y prácticamente imposible antes del 4 de marzo, que fue el plazo fatal que pusieron los conservadores, porque el PLC no puede reunir los 56 votos parlamentarios que se necesitan para aprobarlas.
Pero si los líderes del PLC tuviesen interés en allanar el camino para lograr una verdadera alianza electoral con el Partido Conservador, no la sumisión de éste, debieron ofrecerle un compromiso confiable de reformar la Ley Electoral el próximo año. Por ejemplo, debieron comprometerse a presentar inmediatamente el proyecto de reformas, ante la Asamblea Nacional, aunque no se pudieran obtener los votos indispensables para aprobarla, como prenda de buena fe en las negociaciones políticas.
Además, si el PLC hubiese estado realmente interesado en lograr la alianza electoral con el Partido Conservador, debió colocar al frente de las negociaciones a su candidato presidencial, don Enrique Bolaños Geyer. Eso le hubiese dado respetabilidad a las negociaciones y confianza a los interlocutores conservadores, y se hubiese evitado o neutralizado la percepción pública de que lo que se buscaba era un nuevo pacto prebendario libero-conservador, como el que se hizo entre las cúpulas libero-sandinista.
Hay mucha autosuficiencia en la cúpula del PLC como suele ocurrir entre quienes controlan el poder y tienen tendencias autoritarias. Por eso es que los liberales dicen que están seguros de que ellos solos pueden ganarle al FSLN, inclusive en una relación de dos votos contra uno, tal como lo ha proclamado de manera triunfalista el candidato liberal Enrique Bolaños.
Por su parte, la mayoría de los dirigentes conservadores estima que una alianza con los liberales los desacreditaría y que, además, si van solos a las elecciones o en alianza con los otros grupos minoritarios, podrían obtener la misma cantidad de diputados, o inclusive más, que yendo aliados al PLC.
Hasta este momento no se conocen datos acerca de cuáles son las intenciones de voto de la ciudadanía en las circunstancias actuales. Pero si nos atenemos a los resultados de las elecciones municipales del año pasado, el PLC ganaría las elecciones y el Partido Conservador quedaría en tercer lugar. Pero eso fue en noviembre pasado. En la elección presidencial y con la ex presidenta Violeta B. de Chamorro como candidata, los conservadores y los otros grupos políticos intermedios podrían tener posibilidad de triunfar o por lo menos de forzar una segunda vuelta electoral.
Como sea, es obvio que la imposibilidad de la alianza electoral libero-conservadora y la división del voto democrático fortalece inevitablemente, como lo hemos dicho antes, la aspiración del FSLN a ganar la elección presidencial en primera y única vuelta.
Está claro que quienes han facilitado al FSLN esta situación son el PLC y personalmente el Presidente Arnoldo Alemán, quien a cambio de obtener una curul gratuita en la Asamblea Nacional durante el próximo período gubernamental consintió en reducir el umbral electoral al 40%, e inclusive al 35% para el caso de que la diferencia entre los candidatos del primero y segundo lugar fuese de 5% o más del total de votos válidos depositados.
Pero independientemente de quién sea el culpable o responsable de esa situación, el problema fundamental es que la incipiente y maltratada democracia de Nicaragua afronta ahora el peor peligro de regresión, desde que comenzó el proceso de transición pacífica en abril de 1990.
